La Consejería de Medio Rural ha consignado para 2016 una partida de 191.000 euros para la vigilancia y control del avispón asiático, una cantidad que podrá ser revisada en función de la evolución de la expansión de esta especie invasora.

Así lo ha explicado este lunes en el Pleno del Parlamento, en respuesta a preguntas del grupo Ciudadanos, el consejero de Desarrollo Rural, Jesús Oria, quien ha explicado que esos 191.000 euros serán para mantener un equipo específico de intervención para la retirada de nidos en zonas rurales, y llegar hasta cuatro equipos entre los meses de julio y noviembre.

Según ha detallado, el protocolo de vigilancia y control del avispón asiático será desarrollado por las Consejerías de Medio Rural y Presidencia; será consensuado con el sector productor apícola; y constará de tres programas: de vigilancia ante las notificaciones recibidas, de vigilancia activa para detectar la presencia de la avispa, y de eliminación de nidos.

Carretera de boo a morero

Por su parte, el consejero de Obras Públicas, José María Mazón, ha explicado, a preguntas del PP, que la carretera entre el crucero de Boo de Guarnizo y el enlace de la S-30 en Liaño se acometerá en dos fases. La primera, desde Boo hasta el polígono de Morero, se licitará en el primer semestre de 2016, mientras que la segunda -de Morero al enlace de Liaño- se acometerá en 2017 "si la coyuntura económica lo permite".

Según ha señalado Mazón, la primera fase costará 7,25 millones de euros, además de 500.000 euros en expropiaciones y 413.000 en servicios afectados.

Personas con discapacidad en la administración

En respuesta a preguntas de Podemos, el consejero de Presidencia, Rafael de la Sierra, ha aportado datos sobre las personas con discapacidad que trabajan en el conjunto de la Administración regional, que según ha destacado, representan el tres por ciento del total, cuando la normativa fija un dos por ciento.

Según ha detallado De la Sierra, en la Administración General y organismos públicos trabajan 214 personas con discapacidad, el 3,8% del total; en personal docente 80 (1,16%); en personal estatutario de instituciones sanitarias 307 (4,32%) y en el sector público empresarial 40 (2,6%).

Durante su intervención, el consejero ha manifestado la voluntad del Gobierno de cumplir la normativa en materia de discriminación positiva en el acceso a la función pública, y en particular el reciente decreto de 30 de octubre que regula el estatuto del empleado público, que establece una reserva de plazas del 7% en las convocatorias públicas, de manera que se consiga un 2% de personas con discapacidad en la administración.