El Consejo de Gobierno de la Junte de Castilla y León ha decidido prorrogar en un año la vigencia de las medidas de especial protección para los compradores y arrendatarios de viviendas afectados por la crisis económica y cuyo objetivo era que las familias no dediquen más de una tercera parte de sus ingresos al acceso a una vivienda protegida.

Según ha explicado la portavoz, Rosa Valdeón, esta prórroga ha sido acordada en el seno del Diálogo Social ya que a pesar de que algunos indicadores económicos avalan que la crisis se va superando todavía es necesario ofrecer oportunidades a los ciudadanos para afrontar sus gastos en materia de vivienda con mayor facilidad.

Las medidas de carácter temporal prorrogadas a las viviendas de titularidad de las administraciones públicas y de sus entidades dependientes incluyen la moratoria en el pago de la cuota mensual, con 330 solicitudes ya, y reestructuración de la deuda pendiente tanto en el caso de compra (467) como de alquiler (182).

Otras medidas también prorrogadas hacen referencia a la constitución de una reserva de viviendas desocupadas para colectivos en riesgo de exclusión social y la reserva para el parque público de alquiler social, así como la reducción de los precios máximos de venta y alquiler.

También se articulan medidas temporales para proporcionar una solución urgente a la acumulación de un stock de viviendas de protección pública y evitar tensiones sociales derivadas del contraste entre las viviendas vacías y las carencias de amplias capas sociales.

Entre ellas figura autorizar la ampliación del periodo de amortización de los préstamos hipotecarios y la flexibilización de los requisitos de los compradores y arrendatarios potenciales (777 beneficiarios), facilitar el arrendamiento de viviendas vacías con opción a compra a diez años y la ocupación de viviendas en caso de cambio de residencia por motivos laborales.

A esto se une la no obligación de devolución de las ayudas que hayan recibido en caso de subasta, dación en pago o adjudicación en procedimiento de desahucio.

Valdeón ha insistido en que estas medidas tratan de atender la atención de especial dificultad sobrevenida que atraviesan muchos ciudadanos, como consecuencia de la crisis económica, "para ejercer su derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada".