UGT y Comisiones Obreras (CC.OO.) confían en recoger 60.000 firmas en Aragón para la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que los sindicatos pretenden impulsar en España una prestación mínima para los ciudadanos sin ingresos.

Así lo han explicado, este jueves, día 5, en declaraciones a los medios de comunicación, los secretarios generales UGT y CC.OO. en Aragón, Daniel Alastuey y Julián Buey, respectivamente, quienes han estado en la plaza de España de Zaragoza impulsado esta recogida de firmas.

Alastuey ha precisado que esta prestación mínima sería para aquellos ciudadanos que quieren trabajar pero "no pueden" y se les han acabado todas las prestaciones. Ha opinado que es una medida "necesaria para este país".

Ha detallado que están impulsando esta recogida de firmas en todo el país porque "una iniciativa de este tipo debe ser Estatal". Ha calculado que la ILP podría afectar a 2,2 millones de personas.

"Es un tema que debemos introducir en el debate ciudadano y en el electoral, ante los comicios del 20 de diciembre, puesto que será el parlamento resultante el que deba tomar en consideración esta iniciativa", ha aclarado Alastuey, al tiempo que ha agregado que los partidos deberían presentar una posición "clara" al respecto antes de las elecciones.

Ante esta situación, ha mencionado que el objetivo de los sindicatos es sacar esta iniciativa "a la calle" donde hoy recogen firmas, después de haberlas pedido en los distintos centros de trabajo.

Ha remarcado que esta prestación es "absolutamente justa, viable, sostenible e imprescindible" para muchos ciudadanos que se están quedando "en la miseria".

Sin ningún tipo de cobertura social

El secretario general de CC.OO.-Aragón, Julián Buey, ha subrayado que "la gestión de la crisis" que se ha realizado en España ha hecho que haya más de dos millones de personas "sin ningún tipo de cobertura social". Ha remarcado que las administraciones no han sido capaces de dar "una salida" a esta situación "realmente grave".

"Una sociedad moderna como la nuestra está obligada a dar salida a tanta gente que se queda en la cuneta", ha aseverado. Además, ha insistido en que la recuperación económica aún no está llegando a las familias y que el reto social es "dar respuesta".

Ha reconocido que esta iniciativa costaría, en el conjunto del país, unos 11.000 millones de euros. "Teniendo en cuenta el estado del sistema de protección no es ninguna barbaridad, es perfectamente encajable a cargo de los presupuestos, aunque es verdad que habría que hablar de profundizar en algún tipo de reforma fiscal y hablar de economía sumergida, pero es realista", ha matizado.

En la aplicación individual, ha continuado, esta renta sería "muy modesta", es decir, de 426 euros. "Solemos hacer propuestas realmente posibles, queremos dar soluciones reales a los problemas que tiene la gente", ha aclarado.

Situaciones concretas

Julián Buey ha apuntado que el objetivo es que esta renta atienda situaciones concretas y que en ningún momento sirva para crear "bolsas de fraude".

Por otra parte, ha considerado que este ingreso iría "al consumo", dada la necesidad que tienen las familias a las que afectaría, por lo que supondría un "tirón de la demanda interna" y ayudaría "a consolidar el empleo".

En la Comunidad aragonesa, UGT y Comisiones ya han hablado con todos los grupos parlamentarios sobre esta ILP, excepto con Podemos.

Los dos secretarios generales han pedido a los ciudadanos que, de no encontrar en la calle o en el centro de trabajo la hoja de firmas, se pasen por las sedes de los sindicatos para suscribir la iniciativa.