El consejero de Salud, Aquilino Alonso, ha subrayado este jueves ante el Pleno del Parlamento que la Junta de Andalucía actúa con la "máxima diligencia" y siguiendo el "procedimiento reglado" en la investigación que el Servicio andaluz de Consumo ha abierto sobre las tarifas de alquiler de nuevos contadores de la luz, que podría acabar en sanción o no a Endesa, en función del resultado de ese expediente.

Así se ha pronunciado el consejero ante el Pleno a una pregunta formulada en la sesión de control por el diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, que interpelaba al Consejo de Gobierno sobre las medidas sancionadoras que ha ejercido la Administración de Consumo contra una práctica "abusiva" denunciada por varias organizaciones, entre ellas Facua, a cuenta de la aplicación "ilegal" de tarifas por el alquiler de los nuevos contadores de la luz.

Alonso ha señalado que, tras las investigaciones realizadas por el Servicio de Consumo de la Junta, y el informe pedido a la Comisión de Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) en noviembre de 2014, "se ha apreciado la posible existencia de indicios de infracción en la normativa vigente en materia de consumo".

Así, la Junta ha remitido toda la documentación obrante en el expediente administrativo al departamento encargado "para que valore si procede o no la apertura de dicho procedimiento sancionador" a Endesa.

Defiende así que el Gobierno andaluz ha actuado siguiendo el "procedimiento reglado" y con la "máxima diligencia posible", y que la Junta actuará conforme a lo que se resuelva en el referido expediente.

Por su parte, el diputado de Podemos ha señalado que se ha cobrado unos cuatro euros de más al año a los ciudadanos con estos contadores, cuando hay unos cuatro millones de estos aparatos en Andalucía, "por un servicio que no se presta".

Por eso, y tras apuntar que son dos informes de la CNMC los "que dicen que esta práctica es abusiva", Moreno Yagüe ha preguntado al consejero si va a proceder su departamento a interponer alguna sanción "para devolver a los consumidores estas cantidades, que rondan 20 millones defraudados", así como si interpondrá una multa a Endesa, "que debe rondar entre seis y 60 millones de euros", y si el expediente sancionador "supondrá un beneficio en los consumidores".