El consejero del Interior y Relaciones Institucionales de la Generalitat catalana, Joan Saura, ha suscrito este viernes un acuerdo con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña para crear un censo único de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo, y así poder investigar cada caso concreto.

Según ha explicado Saura, este censo único de desaparecidos se verá complementado con otras medidas que preverá la Ley de Fosas Comunes, que se remitirá al Parlament el mes de septiembre.

La Generalitat ofrece ya desde el año 2003 un servicio único en todo el Estado que consiste en asumir las solicitudes de investigación de las familias de los desaparecidos que quieren conocer el destino final de sus antepasados y, si fallecieron, en qué circunstancias y dónde fueron enterrados.

Desde 2003, la Generalitat ha registrado un total de 1.801 desaparecidos, en 188 casos ha encontrado documentación relevante sobre los últimos días de vida de estas personas, y en 37 casos ha podido determinar incluso dónde fueron enterradas.

El conseller Saura y la directora general de la Memoria Democrática, María Jesús Bono, se han referido este mediodía a la dificultad que comporta realizar estas investigaciones cuando, en la mayoría de los casos, las desapariciones tuvieron lugar hace setenta años y las muertes no habían sido registradas, lo que explica el hecho de que aún quedan 1.613 expedientes por resolver.

De hecho, desde que esa dirección general recibe una solicitud de investigación se suele tardar más de un año en emitir un informe en el que se incluyen documentos como padrones, certificados de nacimiento, documentación del Archivo de Salamanca, filiación militar y listados de quintas, entre otros, si bien también se hacen consultas a ayuntamientos y otros organismos.

Un registro específico

El convenio suscrito unifica formalmente el censo de desaparecidos, puesto que la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Cataluña registraba por su cuenta desde el año 2002 los casos sobre los que tenía conocimiento, y permitirá también reforzar el servicio de investigación.

Según la Generalitat, la mayoría de los 1.801 casos registrados de desaparecidos eran soldados -casi todos del ejército republicano muertos en el frente-, pero también civiles muertos durante la guerra o la posguerra, tales como represaliados en la retaguardia republicana, víctimas de bombardeos, y represaliados por las tropas franquistas o fusilados después de sufrir consejos de guerra.

La directora general de Memoria Democrática ha explicado, asimismo, que "el gobierno de Cataluña es el único de España que ofrece este servicio, y que llegan peticiones de familias de otras comunidades, especialmente de las que cuentan con personas desaparecidas en Cataluña".

El conseller Saura ha querido dejar claro, en el acto de firma del acuerdo para crear el censo único, que las actuaciones destinadas a restablecer la memoria histórica no tienen por objeto abrir viejas heridas "sino cerrarlas" y "hacer un reconocimiento y homenaje a todas aquellas personas que murieron por defender la democracia, la libertad y sus ideas".

Sobre la Ley de Fosas Comunes, ha explicado que ya existe un primer borrador y que espera que en septiembre pueda ser aprobado el proyecto de ley y remitido al Parlament, una vez se conoce el "mapa de fosas comunes" en el que constan unas 150 en toda Cataluña.

Saura ha expresado su deseo de que la Ley de Memoria Histórica que se tramita en el Congreso pueda aprobarse antes de diciembre.