La Junta debe triplicar la reducción de CO2 en Málaga antes de un año

El Estatuto obliga a bajar la contaminación, aunque no hay planes específicos para contrarrestar la central de Campanillas.

Ahora toca cumplir con las novedades del Estatuto de Andalucía aprobado en referéndum hace cinco meses. Su artículo 201 establece que los poderes públicos «promoverán políticas que mejoren la calidad de vida de la población mediante la reducción de las distintas formas de contaminación».

El primer reto de la Junta va a ser compensar la inyección de contaminación por CO2 que supondrá la puesta en marcha de la central de ciclo combinado de Campanillas, junto al PTA. La está construyendo Gas Natural.

La Junta deberá triplicar su esfuerzo para que la provincia contamine menos y compensar las 500.000 toneladas de CO2 que expulsará al año la nueva central. Y eso es en el mejor de los casos, ya que  la fábrica podría llegar a soltar 700.000 toneladas, según esta compañía. Sin embargo, los actuales planes de reducción de la contaminación de la Administración autonómica conllevan que sólo dejen de emitirse 120.755 toneladas al año de CO2.

Estas acciones van desde la optimización del alumbrado público con bombillas de bajo consumo hasta cursos de conducción eficiente de turismos, ayudas para la renovación de electrodomésticos o para la reducción de contaminación en industrias, entre otras.

La central de Campanillas entrará en funcionamiento antes de junio de 2008. Ha recibido el visto bueno ambiental del Gobierno y de la Junta. Y el Ayuntamiento ha autorizado su construcción. El complejo usará gas y vapor para generar electricidad.

Se paga para contaminar más

En la provincia, cinco empresas han superado la cuota de CO2 autorizada por el Ministerio de Medio Ambiente para el año 2006 en 16.562 toneladas. La legislación española obliga a pagar 40 euros por tonelada emitida de más entre los años 2005 y 2007, ambos inclusive. Eso sí, una empresa que se haya pasado ensuciando puede comprar derechos de contaminación a otras que no hayan alcanzado su máximo (como han hecho las tres fábricas que en 2005 se pasaron con el CO2 ). De esta forma se evitan las sanciones económicas.

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