El consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, ha presidido este jueves una reunión del Observatorio de la Vivienda en el que se le ha trasladado a los actores que forman parte del mismo el borrador del nuevo Plan Autonómico de Vivienda 2016-2020, para el que la Junta estima un presupuesto global de 750 millones de euros procedentes de fondos europeos y de las administraciones autonómica y estatal.

La Consejería pretende que el plan "esté en marcha en el primer trimestre de 2016", según ha apuntado el titular de Fomento y Vivienda en declaraciones a los medios tras presidir dicha reunión, cuando ha explicado que las líneas de acción "fundamentales" del proyecto se centran en "la rehabilitación y el fomento del alquiler, particularmente entre familias vulnerables", y que la Junta quiere consensuar el plan "con la mayor cantidad de actores posibles".

En ese sentido, López ha destacado que en el Observatorio de la Vivienda están reunidos "un conjunto muy amplio de instituciones, organizaciones sociales, sindicales y empresariales", a los que en la reunión de este jueves se les ha trasladado "el primer borrador para que ayuden a definir la mejor herramienta" posible.

En concreto, a los actores presentes en la reunión se les ha dado hasta el 10 de noviembre de plazo para que "trasladen por escrito" las propuestas o sugerencias que han apuntado "a viva voz" en la reunión, unas ideas que, según ha indicado el consejero, "serán analizadas y procesadas", y aquellas que se consideren "razonables" quedarán "incorporadas y formarán parte del documento que se someterá a consideración de los grupos políticos" andaluces, con los que el Gobierno autonómico también desea consensuar el plan, según ha dicho López.

Respecto al presupuesto del plan, el titular andaluz de Fomento y Vivienda ha explicado que se estima "en torno a unos 750 millones de euros para todo el horizonte 2016-2020", y procederá del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), la Junta de Andalucía y el Estado, una partida esta última que "no está cerrada para 2020", si bien el Gobierno andaluz cree, a partir de "conversaciones con el Ministerio" del ramo, que "no va a haber una retracción en política de vivienda" estatal "sea cual sea el resultado" de las elecciones generales.

El consejero ha justificado que el nuevo plan incida en la opción del alquiler en vez de en la compra de vivienda, en línea con "la tradición en Europa", porque en la Junta entienden que el momento actual "hace aconsejable ir dirigiendo los recursos públicos, que son limitados, de forma más eficaz allá donde pueden serlo, que es apoyando a muchas familias en situación de vulnerabilidad a que puedan tener acceso a través del alquiler a una vivienda digna".

Además, ha señalado que parte del parque de vivienda andaluz "necesita adecuación y adaptación, ser mejorado para tener condiciones dignas de habitabilidad", y de ahí que la rehabilitación tenga igualmente "importancia" en el referido plan, junto a actuaciones para que las viviendas sean "más eficientes energéticamente".

López ha querido dejar claro, además, que la Junta "no está parada" en materia de vivienda aunque el nuevo plan aún no esté en vigor, de modo que, según ha resaltado, "en este año va a haber más de 10.000 andaluces que se van a beneficiar de la política de fomento del alquiler" de la Administración andaluza a través de unas ayudas para la que se han llegado a recibir "29.000 solicitudes en régimen de concurrencia competitiva".

Punto de vista de fadeco

Tras el consejero, han atendido a los medios algunos de los actores presentes en la reunión, comenzando por representantes de la patronal andaluza Fadeco contratistas y Fadeco promotores. En concreto, el vicepresidente de Fadeco contratistas, Emilio Corbacho, ha subrayado que el colectivo al que representa quiere saber los objetivos del plan, que no aparecen "concretados en el borrador".

Igualmente, atisba "serios problemas" para la financiación del plan andaluz, porque "tiene que casar con el plan estatal, que termina el 31 de diciembre de 2016", fecha tras la cual "se formulará un nuevo plan estatal, pero para que se concrete para Andalucía tiene que firmarse un convenio entre la representación de la Administración central y la Junta", lo cual, según ha abundado, significará que "hasta mediados de 2017 será difícil enganchar el plan andaluz y el estatal".

Fadeco también quiere que la financiación quede más "clarificada" para que "la verificación" del mismo sea "parcial", ya que, según ha recordado, hasta el momento lo cuantificado por el consejero corresponde al presupuesto global previsto para el cuatrienio que abarca el plan.

En la misma línea, el presidente de Fadeco promotores, Francisco Martínez Cañabate, ha mostrado su "confianza en que el plan esté en vigor a partir de marzo de 2016", y ha apuntado además que "parte del peso" en el borrador se les da "a los registros de demandantes de vivienda y a los planes municipales de vivienda", una cuestión que ven "complicado porque no todos los municipios han hecho sus deberes y tienen planes de vivienda", según ha agregado Martínez Cañabate, que ha concluido resumiendo que desde Fadeco reclaman "más concreción del plan, más medidas que ayuden a paliar el desempleo del sector y el desbloqueo de la reserva de suelo que haya para vivienda protegida".

Sindicatos y consumidores

Por su parte, desde CCOO-A aprecian "algunas deficiencias e inconcreciones" en el plan, en el que reivindican que tenga en cuenta a "los trabajadores que están siendo golpeados con políticas injustas y desahuciados de sus casas" y, de esta manera, contemple "una política clara en materia de desahucios".

Igualmente, según ha apuntado la responsable de Institucional de CCOO-A, Nuria López, pretenden saber "cómo se van a cubrir las necesidades" de los demandantes de vivienda inscritos en los registros municipales, que el plan sirva para la "reactivación del sector de la construcción", y que favorezca una "evaluación cualitativa" del mismo para que la ciudadanía conozca "cuánto dinero se ha gastado y cómo se han movilizado los efectivos".

Por su parte, la secretaria de Políticas Sociales e Igualdad de UGT-A, Soledad Ruiz, ha explicado que su sindicato aboga por que el plan destine "los esfuerzos a las personas que no llegan a los mínimos" legales "para acceder a una vivienda protegida en alquiler o en compra".

UGT-A quiere también que "se concreten lo más posible los objetivos, que deben ir vinculados a líneas económicas y a una temporización del plan", en el que, además, "se recoge por primera vez el precio del metro cuadrado", que consideran "muy alto", de modo que "no responde a la situación socioeconómica actual".

Por último, desde el sector de las organizaciones de consumidores reclaman —según ha expuesto el presidente de UCA-UCE, Juan Moreno—, que no queden en una "declaración de intenciones" y se hagan efectivos los "mecanismos de interlocución, colaboración e intercambio de información" que el propio borrador del plan prevé entre las organizaciones de consumidores y las oficinas públicas de atención e información en materia de vivienda, que "cubren la política de desahucios".

En ese sentido, Moreno ha señalado que actualmente "el problema está en evitar que se pierda la vivienda" que se tiene, porque "muchas familias andaluzas estén llegando a perder su vivienda por falta de pago de sus hipotecas ante la situación de desempleo que viven". Además, desde UCA-UCE quieren que el plan sea "mucho más proactivo en la configuración y reserva de parques públicos de viviendas", y el desarrollo de instrumentos como las Juntas Arbitrales de Vivienda, con "actuaciones de mediación" ante "las problemáticas concretas que plantea con frecuencia la ciudadanía".