La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) decidió este martes apartar a la jueza Mercedes Alaya de la investigación del caso de los ERE dada su "clara voluntad de no colaboración" con la jueza titular, María Núñez Bolaños, y para "evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto" entre ambas magistradas.

El Alto Tribunal andaluz ya ha remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el informe en el que propone que la medida de apoyo judicial para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla "quede limitada a la comisión de servicio que ya viene desarrollando un magistrado", en referencia a Álvaro Martín, quien "quedará integrado plenamente en el refuerzo para la tramitación" de tres macrocausas, como son los ERE, las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

Y acuerda que la titular y el juez de refuerzo propongan "a la mayor brevedad" y conjuntamente "la oportuna distribución de cometidos" en relación a las tres macrocausas mencionadas, todo ello "sin perjuicio igualmente de otras medidas de refuerzo y de colaboración futura".

En el informe, de tres páginas, el TSJA pone de manifiesto que la decisión adoptada por la jueza Núñez de dividir el caso de los ERE en piezas separadas "incide" en el plan de actuación aprobado el pasado día 23 de junio, pues "podría conllevar una posible y nueva distribución de cometidos en ese procedimiento" y "repercutirá en la organización de los medios y del trabajo de la oficina judicial, obligando a un entendimiento y colaboración en este sentido".

En virtud de ese acuerdo, el TSJA aprobó un plan de actuación por el que se asignó una comisión de servicio a Alaya para que llevara los ERE hasta que la Audiencia Provincial de Sevilla resolviera sobre dicha división, y el delito societario de Mercasevilla, y a María Núñez Bolaños la instrucción de las irregularidades en los cursos de formación y los avales y préstamos concedidos por IDEA.

Según la Sala de Gobierno, a la división de los ERE se suma que, con posterioridad a dicho acuerdo, la jueza Alaya, ahora en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, "ha exteriorizado que considera insuficiente y errónea la atribución única" del caso ERE, "insistiendo en que su competencia como comisionada debiera ser exclusiva y excluyente, con funcionarios concretos y designados por ella, lo que patentiza una clara voluntad de no colaboración con la actual titular, en manifiesta oposición al fundamento que justifica toda medida de apoyo judicial".

El TSJA recuerda que "todos los acuerdos" adoptados por la Sala de Gobierno y la Comisión Permanente del CGPJ "parten de una premisa imprescindible", como es que "los comisionados colaborarán con la nueva titular en la tramitación y resolución de todos los asuntos de que conoce el Juzgado conforme a los criterios de distribución de los mismos que conjuntamente formulen y apruebe esta Sala de Gobierno", siendo este "el escenario lógico y la dinámica de cualquier comisión de servicio, y de ésta en particular".

En este contexto, las circunstancias descritas "alteran sensiblemente la operatividad de la medida de apoyo y exigen inevitablemente replantearse la solución inicial propuesta, ya que existen fundadas dudas sobre la viabilidad de la segunda comisión de servicio" acordada inicialmente para la jueza Alaya, "lo cual ya se apuntó en el informe de esta Sala de fecha 7 de julio de 2015", en el cual solicitó al CGPJ que valorara la "falta de voluntad de colaborar" de Alaya tras cuestionar la capacidad de María Núñez y aludir a su "estrecha amistad" con el consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera.

La Sala de Gobierno, en este sentido, reconoce "la labor desarrollada previamente" por Alaya y manifiesta "lo deseable que hubiera sido la continuidad y aprovechamiento de los conocimiento de la misma", no obstante lo cual esta magistrada "ha exteriorizado tanto su discrepancia con los términos de la comisión de servicio acordada por esta Sala, como su falta de voluntad de colaboración y entendimiento con la actual titular, cuestionando su idoneidad e independencia".

Esto "conlleva que en este nuevo informe se deban sugerir medidas que profundicen en la normalización del Juzgado y en conseguir la mejor prestación del servicio, procurando evitar un escenario en el que surjan situaciones de conflicto", asevera el TSJA, que afirma que, por ello, "debe tomar en consideración y priorizar el dato objetivo de la nueva titularidad en el Juzgado y el correcto entendimiento de cualquier comisión de servicio, tras el cambio y traslado voluntario de destino judicial" de Alaya a la Audiencia Provincial.