El alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha acusado al anterior Grupo de Gobierno encabezado por Juan José Cardona (PP) de dejar un 'agujero' con Emalsa de 15 millones de euros al no pagar el saneamiento de la ciudad desde el año 2013.

"Ayer concluyó la intervención municipal de la empresa en los términos en los que se planteó por parte del Gobierno anterior. Una intervención 'sui generis' que no fue real pero que se llamó como tal", dijo durante una rueda de prensa.

Así, el primer edil explicó que el interventor ha elaborado un quinto informe sobre la intervención que el propio Hidalgo ha llevado a la Junta de Gobierno celebrada este jueves.

Dicho documento hace un relato que de lo que han sido los últimos 22 años de gestión de Emalsa "y la incapacidad de la administración para poder hacer un control efectivo de la empresa mixta".

Además, el informe dice que en los últimos cuatro años, el Gobierno de Cardona (PP) —en la anterior legislatura— "ha provocado un agujero de 15 millones de euros, que con intereses podrían ascender a más de 20 millones por la gestión del saneamiento de la ciudad".

La intervención de declaró incapaz para controlar la empresa

"Es decir —continuó—, la intervención de declaró incapaz para poder controlar a la propia compañía. No tenía instrumentos para gestionarla y se queja de que el anterior Gobierno no le dio instrumentos para poder controlarla".

Hidalgo criticó así la "farsa" de la actuación del Ayuntamiento anterior, "que además nos ha dejado el tremendo resultado de 15 millones de euros que habrá que pagar en algún momento a Emalsa por el saneamiento".

Aquí, el alcalde hizo especial hincapié en que desde el año 2013, el Consistorio capitalino no ha pagado "ni un euro" por el saneamiento, añadiendo que su equipo de Gobierno va a afrontar esta situación.

"Aunque no está presupuestado en los Presupuestos Municipales, estamos para asumir la responsabilidad y lo vamos a hacer con total transparencia teniendo claro una cosa: vamos a aumentar el control real de la empresa, tal y como dijimos en la hoja de ruta que expuse al comienzo del mandato", aseveró.

Apostó aquí por un control real del ciclo integral del agua y porque la empresa concesionaria asuma sus funciones dentro de la legalidad y, al mismo tiempo, entendió que el Ayuntamiento controlará a la compañía desde dentro del consejo de administración que preside el edil capitalino.