El alcalde de Sevilla, Juan Espadas (PSOE), ha anunciado este viernes su decisión de elevar a la Fiscalía y a la Policía Nacional el "agujero informático" detectado en el apartado de la página web del Consistorio correspondiente a la Agencia Tributaria. Después de que Ciudadanos denunciase el mencionado "agujero de seguridad" en la página web municipal, Espadas apuesta por "llegar hasta el final" en la "investigación" promovida al respecto.

Según la formación naranja, un "enlace" indexado en el conocido buscador digital Google con destino al apartado de la página web del Consistorio correspondiente a la Agencia Tributaria permitía acceder a un entorno digital de dicha página en el que, con sólo introducir "el DNI" de un vecino de la ciudad, era posible acceder a datos de la persona en cuestión, como su domicilio, sus tributos o sus sanciones. Tras denunciar Ciudadanos este extremo, el Ayuntamiento bloqueó el mencionado enlace y anunciaba "una investigación interna para aclarar" la incidencia.

Espadas ha explicado que ha ordenado "una investigación a fondo para conocer dónde se produce el agujero informático y desde cuándo", dando cuenta de su decisión de "trasladar (el asunto) a la Fiscalía y a la Policía" Nacional, para pedir la "colaboración" de los especialistas de la Policía Nacional en la lucha contra la "piratería informática" en la investigación promovida por el Ayuntamiento.

Y es que el alcalde se propone "llegar hasta el final" en este asunto. "Seré inflexible con las responsabilidades que haya que tomar", ha avisado en un mensaje a quienes están "interesados en hacer negocio o vulnerar la protección de datos de los ciudadanos". Además, Juan Espadas ha reprochado a Ciudadanos que denunciasen la incidencia "en rueda de prensa" antes que ante las propias autoridades.

Por su parte, la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) ha abierto de oficio actuaciones previas de investigación ante lo sucedido. Estas actuaciones previas determinarán si concurren los elementos indiciarios suficientes para la apertura de un procedimiento sancionador o de infracción de las Administraciones Públicas, tal y como han señalado a 20minutos.es fuentes de la agencia.

La LOPD establece un plazo máximo de 12 meses para realizar estas actuaciones previas desde que se hayan acordado la realización de las mismas. Estas actuaciones incluirán los hechos que pudieran justificar la incoación del procedimiento, la identificación de la persona u órgano que pudiera resultar responsable y las circunstancias relevantes que pudieran concurrir en el caso.

El inicio de estas actuaciones es un paso previo a la apertura de un procedimiento, algo que se determinará a partir de los elementos recogidos durante esta fase.