El Gobierno de Aragón ha encargado a los servicios jurídicos un informe sobre la posibilidad de recurrir, por incumplimiento del Estatuto de Autonomía de la Comunidad, los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2016, aprobados este viernes en Consejo de Ministros y que este martes ha presentado en el Congreso el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro.

El consejero de Presidencia del Gobierno de Aragón, Vicente Guillén, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que así se ha decidido en este órgano, para precisar que el Estatuto aragonés es una ley orgánica que el Estado tiene que cumplir.

Sin embargo, no se ha reunido la Comisión Mixta de Asuntos Económico-Financieros Estado-Comunidad Autónoma, a la que según el Estatuto corresponde estudiar las inversiones que el Estado realizará en Aragón de forma previa a la aprobación de los PGE por el Gobierno.

Guillén también ha aludido a la disposición adicional sexta del Estatuto, según la cual, para fijar las inversiones del Estado en Aragón en infraestructuras se ponderarán, con carácter prioritario, la superficie del territorio, los costes diferenciales de construcción derivados de la orografía, así como su condición de comunidad fronteriza, y se incorporarán criterios de equilibrio territorial a favor de las zonas más despobladas.

En este punto, ha reconocido que todavía no conocen las cifras referidas a Aragón, además de que los PGE deberán pasar una tramitación parlamentaria en el Congreso y en el Senado, pero ha sostenido que "no vamos a tener mucha confianza en que se mejoren".

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