La presidenta del Govern, Francina Armengol, ha anunciado que su ejecutivo está evaluando la inclusión de cláusulas sociales en la contratación pública de la Administración autonómica de Baleares para personas con discapacidad, tal y como, ha dicho, ya ocurre en otras instituciones como el Ayuntamiento de Barcelona.

Así lo ha señalado Armengol tras mantener un encuentro en el Consolat de Mar -sede del gobierno balear— con las entidades que forman parte del Tercer Sector Social de las Islas Baleares, a quienes ha expresado su propósito de "hacer política desde el diálogo, el acuerdo y el consenso".

La reunión, a la también ha asistido la consellera de Servicios Sociales y Cooperación, Fina Santiago, ha servido para explicar a los representantes de las entidades sociales los acuerdos de gobernabilidad del Pacto, entre los que destaca la puesta en marcha en 2016 de una renta mínima garantizada destinada a personas sin recursos económicos.

Con todo, la presidenta del Ejecutivo isleño ha manifestado que irán cumpliendo la "hoja ruta que se han marcado" en función del presupuesto disponible, si bien, ha afirmado que "quieren huir de la figura de la subvención" y apostar por "otras fórmulas" como la inclusión de cláusulas sociales, reservando una parcela a la contratación en la Administración autonómica para personas con discapacidad.

Según ha dicho, el objetivo es crear una bolsa de trabajo para este colectivo, con una reserva de plaza en la contratación pública.

"Se ha tratado de un encuentro en el que hemos querido poner en valor el papel que desarrollan las entidades del Tercer Sector y decirles que sin ellas nuestra sociedad será mucho peor", ha indicado Armengol.

Temas que "preocupan"

Por su parte, Santiago ha señalado que también se han tratado otros asuntos que "preocupan" al Govern y a las asociaciones que forman parte del Tercer Sector, como la modificación del baremo de dependencia que "está perjudicando a muchos ciudadanos" o el cambio que se ha producido en el grado de minusvalía que afecta negativamente a las personas con discapacidad, ha precisado.

Ante ello, la consellera ha asegurado que "van intentar buscar las fórmulas legales" para solventar estas cuestiones.

Por su parte, el portavoz de la plataforma del Tercer Sector Social de las Islas Baleares, Pep Falcó, ha explicado que han propuesto al Govern "que se mantenga una colaboración activa" en temas que afectan a las entidades y al colectivo de personas vulnerables.

"El talante en muy positivo y confiamos en que esto se traduzca en hechos. Estamos esperanzados", ha afirmado Falcó, quien ha cifrado en unas 6.000 las familias con cargas familiares, sin ningún tipo de ingreso, que son susceptibles de beneficiarse de la renta mínima garantizada que tiene previsto poner en marcha el Govern a partir de 2016.