El juicio del llamado caso Alhambra, el supuesto fraude en la venta de entradas y el control de accesos al monumento de 2002 a 2005, será juzgado por un tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada a partir del 20 de septiembre de 2016, fecha en la que se prevé habilitar una sala especial para acoger a los 50 acusados y más de una treintena de letrados, además de los distintos representantes de las acusaciones personadas.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la vista, que se extenderá hasta marzo de 2017, será la más prolongada celebrada hasta la fecha en Granada y obligará a habilitar una sala especial en el Salón de Plenos del edificio judicial de La Caleta.

Con la presidencia del magistrado-presidente de la Sección Segunda, José Juan Saénz-Soubrier, el juicio contará con 64 sesiones, los martes, miércoles y jueves desde el 20 de septiembre del próximo año, para permitir que el tribunal pueda dedicarse también a otros asuntos.

El Juzgado decretó apertura de juicio oral el pasado mes de octubre contra 50 acusados, tras cerrar la instrucción en marzo tras casi nueve años de investigación. La Fiscalía reclama penas de entre cuatro y nueve años de cárcel y multas para 45 de los acusados, la mayoría de ellos controladores.

Concretamente, el Ministerio Público les atribuye provisionalmente un delito continuado de apropiación indebida --o subsidiariamente un continuado de estafa--; otro continuado de falsedad en documento mercantil; y finalmente un delito continuado de daños al patrimonio histórico artístico.

Para diez de ellos pide nueve años de prisión y 9.000 euros de multa, mientras que para los 35 restantes rebaja la pena a los 4 años de cárcel y 2.160 euros de multa. Por otro lado, para otros 32 imputados interesa el libre sobreseimiento, "por no quedar acreditada su participación en los hechos".

En concepto de indemnizaciones, el fiscal reclama además a todos los acusados, con las agencias de viajes Daraxatour S.L. y Washington Irving S.L. como responsables civiles subsidiarios, que paguen conjunta y solidariamente al Patronato de la Alhambra y el Generalife 6,66 millones de euros, cifra que calcula que supuso el perjuicio económico para el monumento por los ingresos no percibidos (3,5 millones) y por los daños materiales causados por los excesos de aforo (3,16 millones).

Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Witt Travel S.L. y Daraxatour S.L., quienes "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.

Estos acusados aprovecharon también las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.

Por otra parte, el Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha decidido admitir a trámite la querella de la Fiscalía contra la que fuera directora de la Alhambra y cinco personas más por las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación y contratación del servicio de alquiler de audioguías del monumento y abrir una investigación al respecto.

En el auto de incoación de diligencias, el magistrado ordena que se dé traslado de la querella y se notifique a los querellados. Además, solicita documentación al Patronato de la Alhambra y el Generalife y pide informes a la Intervención General del Estado.

En el auto recuerda que la finalidad de las diligencias previas es, "ante la inicial existencia de indicios raciones de criminalidad que permita la incoación del proceso penal, la de determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, conocer la identidad de los partícipes y el órgano competente para el enjuiciamiento".

En los próximos días, el pleno del Patronato de la Alhambra se reunirá de manera extraordinaria para decidir el nombre de la persona que será la nueva responsable del monumento, después de que la propuesta se aplazara con el objetivo de "agotar el diálogo" y alcanzar el máximo consenso posible, según anunció la consejera de Cultura y presidenta del Patronato, Rosa Aguilar.