La residencia de Santa Fe donde el pasado fin de semana murieron ocho ancianos en un incendio no tenía ni permiso ni licencia de apertura. El Gobierno de Aragón retiró en 2012 el permiso provisional de apertura al centro geriátrico, que además funcionaba de manera alegal al carecer de licencia de actividad.

Lo han confirmado la consejera de Ciudadanía y Servicios Sociales de la DGA, María Victoria Broto, en el primer caso y la concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Luisa Broto, en el segundo.

Según el historial técnico que tiene el Ejecutivo aragonés, la residencia obtuvo en 1997 el permiso provisional de apertura. Desde entonces, Servicios Sociales detectó tanto en las revisiones de 2006 como en las de 2011 algunas "deficiencias de mantenimiento e higiénico-sanitarias".

La DGA dio entonces al centro un plazo de un año para reparar las irregularidades. Ese periodo expiró, según ha asegurado la consejera, sin que se hubieran completado todos los trámites. Por todo ello, "en 2012 se retiró el permiso provisional de apertura favorable a la residencia". Desde ese ejercicio, el centro se encontraba inmerso en un complejo proceso administrativo que derivó incluso en un proceso sancionador, en 2014, que no se ejecutó.

Desde el punto de vista municipal, la situación era también irregular. El Ayuntamiento denegó la licencia de actividad al centro en 1998 porque incumplía los requisitos de espacio y suelo urbanizable.

A pesar de todo, el centro siguió abierto, aunque de forma totalmente alegal. En la práctica, esto supone que para el Ayuntamiento, el centro no existía. "Al no haber objeto revisable no existe expediente de evacuación y extinción de incendios", ha precisado Luisa Broto.

El Ayuntamiento de Zaragoza también ha anunciado que ya ha realizado un listado de las residencias que están en el término municipal y se van a coordinar con el Gobierno de Aragón para llevar a cabo una revisión de las condiciones de licencia de apertura, concesiones provisionales o posibles denegaciones.