El Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que tirar, y mucho, de la 'hucha de las pensiones' desde que está en el poder. Si en diciembre de 2011 había 66.815 millones, hoy esta bolsa de ahorro solo tiene 39.520,46 millones (el 3,71% del PIB). El descenso en estos años ha sido del 40,8%, unos 27.200 millones. La última vez que el Ejecutivo ha tenido que meter mano en esta 'hucha' ha sido para pagar la paga extra de julio a los pensionistas. En concreto han sido 3.750 millones de euros, según informó el Ministerio de Empleo.

Hasta 2011 la 'hucha de las pensiones' no hizo hecho más que crecer, pero la crisis hizo que la cresta se volviera descendiente a partir de ese año. La primera vez que el Gobierno utilizó dinero del Fondo de Reserva (su nombre técnico) fue a finales de 2012, año en que empleó 7.003 millones. Desde entonces, puntualmente, en los meses de julio y diciembre, coincidiendo con las pagas extraordinarias, el Ejecutivo ha recurrido a la hucha de las pensiones. En 2013 gastó 11.648 millones, y en 2014, otros 15.300. A los que hay que sumar los 3.750 millones ahora de julio de 2014. En total, 37.700 millones de euros.

Aunque en esta legislatura el Gobierno ha sacado 37.700 millones de este fondo de reserva, el balance ofrece un saldo negativo solo de 27.200 millones. La diferencia de estos 10.000 millones radica en que el Fondo de Reserva también ha generado rendimientos netos. Es decir, las inversiones del fondo (sobre todo en el Tesoro) intentan compensar las pérdidas. Desde su creación en el año 2000 y hasta el 1 de julio de este año, el Fondo de Reserva ha generado 23.651,24 millones. La rentabilidad media anual acumulada por el fondo llega al 5,06%.

El fondo fue creado en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar con el objetivo de crear una hucha de ahorro para cuando el envejecimiento de la población comprometiera el pago de las pensiones. Pero la crisis trajo la caída de las cotizaciones sociales ocasionada por la masiva destrucción de empleo y nuevos trabajadores con sueldos más bajos provocaron un importante agujero en las cuentas de la Seguridad Social. La ley permite usar esta hucha si hay "déficit estructural" en las cuentas de la Seguridad Social. Pero había un tope de 3.000 millones anuales, algo que fue suprimido para el periodo 2012-2016.

Ese déficit estructural suele coincidir con el pago de las pagas extras. En julio y diciembre se produce una necesidad adicional de financiación para hacer frente al abono de dos mensualidades de pensiones (paga ordinaria y extraordinaria). Y en julio además se une la liquidación del IRPF. La Seguridad Social debe ingresar al Tesoro el importe retenido en las nóminas que reciben los pensionistas, ya que al igual que otras rentas, están sujetas a este impuesto.

Es un fondo especial que tiene el objetivo de constituir reservas que permitan atenuar los efectos de los ciclos económicos bajos y garantizar el equilibrio financiero del sistema de pensiones, en cumplimiento del Pacto de Toledo.

El Fondo de Reserva de la Seguridad Social empieza a tomar forma en 1995 tras una recomendación del Pacto de Toledo. En 1997, con la Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad Social nace por fin el Fondo de Reserva, aunque no es hasta el año 2000 cuando se considera constituido, ya que recibe su primera aportación: 601 millones de euros.

La Ley 28/2003 y el Real Decreto 337/2004 son los que regulan el tratamiento de este Fondo de Reserva, su dotación, su gestión y sus mecanismos de control.

Normalmente cuando se produce un déficit en la Seguridad Social provocado por un desfase entre ingresos y gastos. Este déficit hace necesario usar el Fondo de Reserva para atender las necesidades de los beneficiario de pensiones contributivas.  

Según dice el artículo 1 de la Ley 28/2003, se realizarán aportaciones cuando "de la consignación presupuestaria de cada ejercicio o de la liquidación presupuestaria del mismo surja un excedente de los ingresos que financian las prestaciones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión, y siempre que las posibilidades económicas y la situación financiera del sistema de Seguridad Social lo permitan".

Las dotaciones, siempre que la situación financiera lo permita, son acordadas, al menos una vez en cada ejercicio económico, por el Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de los Ministros de Trabajo y Asuntos Sociales, de Hacienda y de Economía.

Está regulado por el artículo 4 de la Ley 28/2003. Sólo se podrá disponer como máximo del equivalente al 3% del gasto anual destinado a la financiación de las pensiones de carácter contributivo y demás gastos necesarios para su gestión.

La mayor parte del capital, algunas informaciones hablan del 90%, está invertido en deuda pública española, aunque también puede invertirse en otros valores, previa aprobación por el Consejo de Ministros.