La institución del Justicia de Aragón lleva diez años reclamando la regulación de las peñas de ocio. Así, el pasado mes de marzo hizo pública una Sugerencia solicitando a un Ayuntamiento de la Comunidad autónoma que regulase la actividad de una de ellas, con el doble objetivo de evitar molestias por ruidos y suciedad a los vecinos y garantizar la seguridad a los usuarios de este tipo de establecimientos, generalmente jóvenes.

Esta sugerencia ha sido la última del año 2015, pero la preocupación de la institución por la falta de regulación de la actividad de las peñas de ocio se remonta una década atrás cuando en 2005, el Justicia de Aragón hizo pública una sugerencia dirigida a las Diputaciones Provinciales con el fin de que impulsarán, en los municipios de su referencia, ordenanzas para regular esta actividad.

Dicha sugerencia incluso aportaba un modelo de ordenanza con el fin de facilitar el tramite a los ayuntamiento más pequeños y con menos recursos, pero no por ello ajenos a este problema generalizado en el mundo rural.

Entre otros aspectos, instaba a las Administraciones locales a recoger en la ordenanza unos requisitos básicos para la apertura de las peñas, dado que muchas de ellas no reúnen las mínimas condiciones de seguridad, así como a establecer mecanismos de control, inspección e incluso medidas cautelares de seguridad en caso de "derivase la existencia de un riesgo grave de perturbación de la tranquilidad o seguridad pública por la emisión de ruidos o comportamiento de peñistas, peligro de incendio por la acumulación de elementos fácilmente combustibles o consumo de sustancias prohibidas".

Desde que se hizo pública la sugerencia, que fue aceptada por las tres Diputaciones Provinciales, la Institución del Justicia ha tenido conocimiento de que muchos Ayuntamientos, como el de Teruel, Caspe, Tauste, Tarazona, Almudévar o Alcañiz, han tomado cartas en el asunto y han adoptado ordenanzas siguiendo el borrador propuesto por el Justicia.

El trágico suceso de Borja esta semana, ha explicado la institución en una nota de prensa, pone de manifiesto que la regulación de estos locales habituales en el medio rural, que extienden su actividad durante todo el año, más allá de las fiestas patronales, con repercusiones, en general, negativas para los vecinos y con riesgos evidentes para los usuarios, no es un problema menor cuya solución se pueda encomendar, únicamente, a la buena voluntad de los usuarios o de sus representantes legales, en el caso de los menores.