El modelo nuevo será el siguiente: bajo la supervisión de un notario, las viviendas se sortearán. Después, saldrá una lista con los agraciados y otra lista de espera con el doble de las viviendas que se vayan a entregar. De este modo, sólo será necesario pedir información a las personas que se encuentren en alguna de estas dos listas y no a todos los solicitantes.

La normativa, que se aprobará en el segundo semestre de este año, establecerá también sanciones más duras para quienes hagan un uso irregular de este tipo de inmuebles. Así, la Xunta ha recordado que se sancionará tanto a los beneficiarios como a los promotores en caso de detectar cualquier tipo de fraude.

El primer caso de una sanción a una promotora por sobreprecios se impuso en el polígono de San Paio de Navia, en Vigo. La sanción consistía en una multa de 3,6 millones de euros y la inhabilitación para construir vivienda protegida durante seis años.

Además, en Pereiro de Aguiar (Ourense), la Consellería ha abierto 47 expedientes por no usar la vivienda como residencia habitual.

Próxima entrega

Las 99 viviendas de protección pública pendientes de adjudicar en Santiago de Compostela (en As Cancelas, Avío, Ponte Pereda y Volta do Castro) serán adjudicadas  «en el segundo semestre» de este año. Así lo confirmó ayer Táboas, quien justificó el retraso acumulado ya que es preciso «garantizar que las viviendas van para quien realmente lo necesita».

Ayudas de hasta 27.000 euros

La Xunta establece un máximo de 27.000 euros en ayudas para la compra de vivienda protegida. Para llegar a esta cantidad, las familias deben tener cinco o más hijos. Para los menores de 35 años la cuantía de las ayudas es de hasta 24.900 euros para adquisición de la primera vivienda, mientras que los mayores de 65 años recibirán 19.000 euros. Además de estos colectivos, también reciben un trato preferencial las personas con ingresos inferiores a los 718 euros al mes, las víctimas de la violencia de género o las familias monoparentales, entre otros.