Cae en Lleida una banda criminal que vendía contratos ficticios a inmigrantes

  • La banda, que actuaba desde hacía años, defraudó un millón de euros al erario.
  • Lo hacía a través de 23 empresas ficticias que daban de alta a inmigrantes sin papeles que así podía regularizar su situación.
  • La Policía arrestó a 39 personas e imputó otras seis.
Coches y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local durante un operativo.
Coches y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local durante un operativo.
ACN
Coches y agentes de la Guardia Civil y la Policía Local durante un operativo.

La Policía Nacional ha desmantelado en Lleida una trama criminal por presuntamente defraudar un millón de euros al erario a través de 23 empresas ficticias que se dedicaban a vender contratos de trabajo fraudulentos a inmigrantes —la mayoría marroquíes— con fines delictivos, ha informado este jueves el cuerpo.

En el marco de una operación que se ha saldado con 39 personas detenidas y 6 imputadas, la Policía ha explicado que la trama eludía los pagos preceptivos de la Seguridad Social utilizando testaferros, a quienes hacían constar como administradores de empresas pantalla creadas expresamente para ocultar deudas de otras mercantiles existentes.

Las investigaciones se iniciaron en marzo de 2013 al tenerse conocimiento de que un grupo criminal organizado estaba operando desde hacía años en la ciudad de Lleida y tenía como principal objetivo la creación de un entramado empresarial ficticio con el que simular actividad comercial.

De esta forma, el grupo podía expedir documentos falsificados para ser usados posteriormente por ciudadanos extranjeros en situación irregular en España y obtener los beneficios correspondientes.

Como centro de operaciones, los investigadores localizaron una asesoría laboral, que se dedicaba a dar de alta a trabajadores extranjeros en falsas empresas que simulaban actividad en los ramos de la construcción, inmobiliario, transportes, alimentación y multiservicios.

Los clientes eran todos extranjeros que utilizaban los documentos falsificados para regularizar su situación en España y a la vez solicitar cuando los plazos de cotización se lo permitían, ayudas y subsidios correspondientes, pagando diversas cantidades por dichas falsificaciones.

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