La Dirección General de Tráfico ha incrementado en un 80% las multas de tráfico durante la crisis, en el periodo de 2007 a 2013, con un registro de 29 millones de sanciones, frente a los 16 millones entre los años 2000 y 2006, según un estudio de la Fundación Línea Directa, que apunta directamente al "endurecimiento en el sistema sancionador" que supuso el carné por puntos.

El informe incluye una encuesta que desvela que la finalidad de las multas en España es eminentemente recaudatoria en opinión del 92% de los conductores, porcentaje que equivale a 24 millones de personas.

Presentado este martes en Madrid por el presidente de esta Fundación de la compañía aseguradora, Francisco Valencia, el estudio muestra que más del 50% de las sanciones son excesos de velocidad, una tipología de multa que es más fácil de conseguir que la alcoholemia o la utilización del móvil mientras se conduce, según Francisco Valencia. Le siguen las de estacionamiento (38%) y el incumplimiento del deber de identificar al infractor.

El estudio ha realizado un análisis de más de 770.000 multas impuestas entre 2009 y 2014, además de los datos facilitados por la DGT, así como la encuesta a 1.200 conductores asegurados por Línea Directa.

Los resultados de la encuesta también desvelan que solo el 11% de los conductores españoles cree que los radares se colocan únicamente por razones de seguridad, mientras el 85%, por otra parte, considera que los parquímetros tienen un afán claramente recaudatorio.

Otra opinión generalizada entre los conductores es que uno de los principales problemas relacionados con las sanciones de tráfico es la indefensión a la hora de recurrir. En este sentido, solo el 8% de los conductores sancionados cree que hay garantías para reclamar y el 70% se acoge a la reducción por pronto pago porque creen que es muy complicado ganar.

Un 52% de los conductores se muestra a favor de imponer multas de tráfico en función de la renta y casi 8,2 millones son partidarios de la "Tasa 0" de alcoholemia. Además, el 20% (5,2 millones de conductores) considera que las multas contribuyen a reducir la siniestralidad y el 98% son partidarios de que la Administración destine el dinero recaudado a mejorar la seguridad vial.

El informe muestra que en los dos últimos años se ha producido un descenso de las multas, lo que es atribuido a una menor movilidad, la mayor concienciación del conductor y a algunas medidas como el pronto pago o las campañas de vigilancia contra el alcohol y las drogas.

El perfil del sancionado, según el análisis de los datos procesados por la Fundación, responde al de hombre, con experiencia de conducción, de 35 a 44 años y reincidente -casi 1,2 millones de conductores han sido sancionados más de 5 veces- y el importe medio de las sanciones se sitúa en 208 euros.

En un dibujo del mapa de España para conocer dónde y quienes sancionan más, las Jefaturas Provinciales de Tráfico de Teruel (32,2%) y Cuenca (20,9%), así como el Servei Territorial de Transit de Girona (13,7%) son las que más sancionan, mientras en el lado opuesto están Almería (1,18%), Zamora (1%) y Álava (0,26%). En el ránking por ayuntamientos, los líderes en sanciones son los de Barcelona, Madrid y San Sebastián, a los que siguen Terrasa, Granada y Tarragona.

Los Ayuntamientos imponen el 75% del total de las sanciones, según el estudio, un porcentaje equivalente a 26 millones de multas anuales. Aun así, el 60% de los encuestados piensa que la DGT es la Administración que más recauda.