Rights International Spain (RIS) y Jueces por la Democracia han remitido a la Comisión Europea una carta y un informe en los que denuncian el paquete de reformas promovido por el Gobierno español e instan a la institución a "intensificar su escrutinio sobre la situación en España, emprender una evaluación de conformidad con el nuevo marco de la UE para fortalecer el Estado de Derecho, así como a adoptar una serie de medidas para impedir que siga deteriorándose el Estado de Derecho en España".

"Estas entidades se han visto obligadas a solicitar que se active este novedoso procedimiento europeo (todavía no se ha puesto en marcha en ningún país de la UE), dada la ineficacia de los mecanismos existentes en España para prevenir las amenazas al Estado de Derecho. Pese a estar en plena contradicción con valores esenciales de la UE, muchas de las medidas legislativas más problemáticas ya han sido aprobadas", agregan en un comunicado conjunto.

Rights International Spain y Jueces por la Democracia denuncian la reforma de la Ley de Justicia Gratuita, "pues cercena el acceso a la justicia y a una revisión judicial eficaz" y ponen en entredicho las tasas judiciales, "por vulnerar el principio de igualdad ante la ley". "Si bien recientemente las personas físicas quedaron exentas del pago de estas tasas para acceder a la justicia, lo cierto es que siguen siendo discriminatorias al tener un impacto desproporcionado en las pymes y algunas ONGs, en comparación con las grandes corporaciones", explican.

Las entidades denunciantes también consideran que en los últimos años se ha visto erosionada la separación de poderes y la independencia judicial. En este sentido critican las interferencias políticas. Aseguran que las reformas propuestas a la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, son "parciales e insuficientes", y solicitan que sean retiradas "en tanto no se realice un proceso de consulta con expertos y sociedad civil con el objetivo de alcanzar una efectiva reorganización y modernización del sistema judicial".

Relacionado con este punto también ponen de manifesto la falta de medios que sufre la Justicia y la disminución de su presupuesto "un 4,21% en 2013 y un 2,13% en 2014", así como la "drástica" reducción del número de jueces.

El informe también se detiene a exponer las reformas que "suponen una clara vulneración al principio de seguridad jurídica y de respeto a los derechos fundamentales, como la nueva Ley de Seguridad Ciudadana o el Código Penal". Rights International Spain y Jueces por la Democracia opinan que se trata de leyes que amenazan los derechos a la libertad de expresión y de reunión y critican la vaguedad de muchos de sus preceptos, "lo que puede conllevar una aplicación arbitraria de las sanciones". Sobre la enmienda que legaliza las devoluciones desde Ceuta y Melilla "entra en clara contradicción con el propio derecho de la UE". Se solicita, por tanto, que se deroguen todos estos aspectos de ambas reformas.

Finalmente se denuncia que, al tramitar todo este paquete de reformas, no se haya respetado un procedimiento democrático adecuado, al no haberse llevado a cabo por parte del Gobierno una verdadera consulta con la sociedad civil y los expertos en materia de derechos humanos.

Rights International Spain, la entidad que lidera esta iniciativa, también ha lanzado, a través de la Plataforma Europea de Libertades, una campaña de petición de firmas a la que puede adherirse cualquier ciudadano para pedirle a la Comisión Europea que actúe.

"La Unión Europea ha creado una nueva herramienta que puede activarse en caso de que nuestros derechos y los valores rectores de la UE se pongan en peligro en algún país, y eso es precisamente lo que ocurre en España ahora mismo; nuestros mecanismos internos de protección han fallado, así que entendemos que la ciudadanía debe hacer suyo este nuevo mecanismo previsto por la UE porque no nos queda otra solución que pedirle a la Comisión que actúe", ha señalado Lydia Vicente, directora ejecutiva de RIS.

"Firmando la campaña y usando el hashtag #DíseloAEuropa, cualquier ciudadano puede hacer oír su mensaje a la Comisión Europea para que su actuación sea lo más rápida y eficaz posible", ha agregado.