El juzgado que instruye el denominado caso 'Acinipo', sobre las presuntas irregularidades urbanísticas en Ronda (Málaga), ha acordado pedir una ampliación aclaratoria del segundo informe de valoración de convenios investigados en este procedimiento, en el que están imputadas nueve personas, entre ellas el exalcalde Antonio Marín Lara, según han confirmado fuentes judiciales.

Una de las líneas de investigación se refiere a la firma en 2005 de dos convenios, uno por el que se permutaban los terrenos del antiguo y el nuevo recinto ferial y otro que contenía una compensación de las plusvalías urbanísticas generadas en la recalificación del primer recinto. Los terrenos fueron tasados por los arquitectos municipales en 5,7 millones de euros, aunque dichos suelos se revalorizaron "en un 861 por ciento en un solo día", al venderse.

La jueza de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ronda recibió en octubre de 2014 un segundo informe pericial de valoración sobre ambos convenios urbanísticos, en el que se analizan las tasaciones realizadas por el Ayuntamiento para determinar si en los expedientes tramitados por el Consistorio estaban todos los documentos y si se aplicaron los criterios y procedimientos de valoración correctos; así como si las valoraciones se adecuaron a los precios.

En ese informe se indicaba que el valor unitario de los terrenos en dicho informe asciende a 193,22 euros por metro cuadrado, "frente a la valoración realizada por el técnico municipal que resulta un valor de 176,76 euros por metro cuadrado". "Existe una variación entre las dos valoraciones de 16,46 euros por metro cuadrado, lo que supone un 8,5 por ciento, asumiendo la misma, por la diferencia en criterios y datos de partida, no siendo una diferencia significativa", se señalaba.

Este documento pericial, realizado a instancia de la jueza, fue impugnado por la Fiscalía malagueña, que pidió que se aclarara el informe en determinadas cuestiones, según han señalado a Europa Press las mismas fuentes, quienes han apuntado que la jueza acordó dicha ampliación en una providencia, la cual fue recurrida por la representación legal de uno de los imputados, aunque este recurso no es suspensivo.

En esta causa, junto al exregidor están imputados tres exconcejales y varios empresarios. Las detenciones se produjeron en septiembre de 2011 y se investigan delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. La causa gira inicialmente sobre varias operaciones urbanísticas, realizadas a través de convenios relacionados con el antiguo recinto ferial y la construcción de un centro comercial.

Así, en uno de los autos dictados por la jueza, se indica que existían por el momento "indicios objetivos de la posibilidad de que el Ayuntamiento pactara sin base documental un precio distinto para enajenar el antiguo recinto ferial" y que los responsables municipales "conocieran dicha revalorización", ocasionando así un perjuicio a los bienes y al patrimonio público.