El Promotor de la Acción Disciplinaria del CGPJ, Antonio Fonseca, ha archivado las diligencias abiertas al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, y otros 8 jueces, por cobrar como asesores en el desarrollo de una herramienta informática para órganos judiciales de la región.

El sistema informático de gestión procesal llamado Iusmadrid fue abordado por la Agencia de Informática de la Comunidad de Madrid, que adjudicó estas tareas a Indra, empresa a cargo de la que los magistrados recibieron pagos por su colaboración para este soporte, destinado a decanatos y órganos judiciales.

Al respecto, Fonseca sostiene que esta actividad "no podía ser desarrollada libremente por los magistrados, sino que, cuando menos, estaba enmarcada dentro de aquellas que la normativa orgánica del Poder Judicial sujeta a control de desempeño, autorización de compatibilidad", según informa hoy el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"De esta manera, puede afirmarse que la actividad desarrollada por los magistrados no era de las permitidas y, por lo tanto, lo improcedente de su comportamiento", agrega.

Sin embargo, precisa que a este "reproche de antijuridicidad" no se le puede añadir el de culpabilidad, que es requisito imprescindible para exigir una responsabilidad disciplinaria, ya que hay factores "relevantes" que permiten afirmar la ausencia de voluntariedad infractora, dolosa o culpable.