El Ayuntamiento de Valdemoro (del PP) situó a una de sus trabajadoras, Ana Marjaliza, hermana del empresario David Marjaliza, socio del exsenador Francisco Granados, en un puesto clave relacionado con el millonario contrato que el Consistorio adjudicó a la empresa Cofely por valor de 60,8 millones de euros. Marjaliza y Granados son los principales protagonistas de la operación ‘Púnica’, y este es uno de los contratos investigados por la Audiencia Nacional. Ambos están en prisión acusados de formar parte de "una organización criminal" dedicada a amañar contratos entre Administraciones públicas y empresas. Entre los más de 50 detenidos en la operación hay varios directivos de Cofely. Con el dinero obtenido por ese contrato, la UCO de la Guardia Civil cree que Cofely pagó comisiones a Marjaliza que este, a su vez, luego repartió con los políticos y funcionarios municipales que favorecieron esa adjudicación. En la operación también fueron arrestados el alcalde de Valdemoro en esos momentos, José Carlos Boza; su jefe de Gabinete, Alfredo Ovejero; el teniente de alcalde y concejal de Hacienda, José Javier Hernández Nieto; y el arquitecto municipal, José Luis Navarro.

Ana Marjaliza, que no está imputada en el caso, entró a trabajar en el Ayuntamiento de Valdemoro el 1 de septiembre de 2010, según fuentes municipales. Según las mismas fuentes, en marzo de 2013 el Consistorio encargó a Ana Marjaliza nuevos cometidos, relevando a un equipo de funcionarios que llevaba ya un par de años en la gestión de la eficiencia energética del municipio. Este equipo llevaba una contabilidad del suministro y gasto eléctrico de centros públicos, como las sedes de las concejalías, colegios, instalaciones deportivas, alumbrado... Durante un mes tuvieron que enseñar este trabajo a Ana Marjaliza, que tomó el relevo de estas funciones.

Curiosamente, meses después, el 5 de diciembre de 2013, el Ayuntamiento adjudicaba a Cofely (una de las principales empresas investigadas en la ‘Operación Púnica’) el “suministro, los servicios energéticos y de mantenimiento con garantía total de las instalaciones en el centro consumidor de energía integrado por los edificios y equipamientos incluidos en los inmuebles municipales y alumbrado público”. La adjudicación ascendía a 60,8 millones de euros, durante 15 años, es decir a cuatro millones de euros anuales.

Ana Marjaliza compareció en la comisión municipal de investigación que se creó en Valdemoro después de las detenciones. Presidida por UPyD, la hermana de David Marjaliza señaló que su función en este departamento había sido la de "hacer fotocopias", según fuentes presentes en su declaración. "Su declaración fue bastante hermética y señaló que tan solo se limitaba a manejar el control del gasto energético del Ayuntamiento mediante la revisión de las facturas de los distintos operadores. Reiteró que solo llevaba en el control del consumo por si se producía algún tipo de desvío negativo". En Valdemoro hay 9.588 puntos de luz. Ana Marjaliza estaba adscrita a la concejalía de Hacienda, dentro del Área Económica del Ayuntamiento. "Su asignación laboral dentro de esta concejalía fue decisión del entonces concejal de Hacienda, Javier Hernández, actualmente imputado dentro de la causa", señalan fuentes de la comisión de investigación.

Antes de que la Guardia Civil desencadenara la operación, la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, ya había detectado un incremento no justificado de la partida dedicada al alumbrado público. En el presupuesto de 2014 que se aprobó más tarde de lo previsto, en un pleno extraordinario en julio de 2014, se explicaba que la partida para el alumbrado ascendía a 2,6 millones de euros. El exalcalde José Carlos Boza había defendido el contrato a Cofely porque el Ayuntamiento se ahorraría un 50%. Si en 2013 el Consistorio se gastó 1,95 millones, la partida de 2014 debía ser 1,46 millones (descontado solo el 25% al comenzar el ahorro a mediados de año), "por lo que no se entiende un aumento a 2,6 millones, a no ser que desee crear un suculento beneficio a la empresa privada Cofely", señalaba la Plataforma.

Gran parte de la oposición, como IU y UPyD, denunciaron la opacidad y falta de transparencia de este contrato, ya que la formalización del contrato se realizó en una Junta de Gobierno local urgente y extraordinaria celebrada el 18 de noviembre de 2013, a la que solo asistieron el alcalde y cinco concejales. La oferta de Cofely fue la única que se presentó y obtuvo una puntuación de 95 sobre 100 puntos. IU señala que la adjudicación no pasó por el Pleno ni por ninguna comisión informativa, donde los grupos de la oposición tienen representación. "El contrato firmado era por 15 años. Es lógico que afecte a futuras Gobiernos municipales, pero el PP prefirió utilizar un sistema que evita que los grupos de la oposición debatieran y votaran este contrato", señala IU.

Enrique Morago, concejal de UPyD, y presidente de la comisión de investigación, está convencido de que "en breve se podrá demostrar que este contrato no ha producido un ahorro significativo. Todo se maquilló dentro de ese proyecto de eficiencia energética, con nocivas condiciones financieras para los ciudadanos. Lo único cierto es que algunos lugares de Valdemoro sufren una gran desidia lumínica". Preguntado por el trabajo de Ana Marjaliza, "parece claro por qué fue colocada en ese puesto".

La adjudicación a Cofely se realizó el 5 de diciembre. Ese día, otra Junta de Gobierno local aprobó también de manera extraordinaria y urgente cancelar el contrato con la empresa que antes tenía la gestión del alumbrado hasta 2018, que era FCC. El argumento para quitare el contrato a una empresa y dárselo a Cofely era la situación de crisis y la necesidad de reducir costes por parte del Ayuntamiento. Cofely es una filial de la multinacional francesa GDF Suez que ofrece servicios de eficiencia energética. La Guardia Civil registró la sede y detuvo a cuatro de sus directivos, entre ellos su director general Didier Maurice y el director comercial Constantino Álvarez de la Cueva. Solo en la Comunidad de Madrid, Cofely ha obtenido contratos por valor de 180 millones de euros con Administraciones Públicas. Muchos de ellos investigados ahora por la Guardia Civil.

Un portavoz del Ayuntamiento no ha querido comentar nada sobre este asunto porque "la comisión de investigación tiene carácter reservado y no se puede facilitar información alguna hasta que la comisión o el Pleno acuerden lo contrario. Tampoco es posible facilitar información relativa al personal de este ayuntamiento en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos". El Consistorio tampoco quiso aclarar las funciones actuales de Ana Marjaliza.