Encausadas 26 personas por una presunta trama de corrupción que afecta a cargos del PNV

  • El juez finaliza la instrucción del denominado 'caso De Miguel', una supuesta trama de cobro de comisiones.
  • El magistrado imputa once delitos a los acusados.
  • En el auto, que puede ser recurrido, pide a la Fiscalía y demás partes en el procedimiento que formulen escritos de acusación o sobreseimiento de la causa.
El que fuera diputado foral de Presidencia, vicepresidente de la Caja Vital y 'número dos' del PNV en Álava, Alfredo de Miguel.
El que fuera diputado foral de Presidencia, vicepresidente de la Caja Vital y 'número dos' del PNV en Álava, Alfredo de Miguel.
David Aguilar / EFE
El que fuera diputado foral de Presidencia, vicepresidente de la Caja Vital y 'número dos' del PNV en Álava, Alfredo de Miguel.

El juez Roberto Ramos ha culminado este martes la instrucción del llamado 'caso De Miguel', una presunta trama de cobro de comisiones en torno a cargos del Partido Nacionalista Vasco (PNV) en Álava. El magistrado ha mantenido la imputación para 26 personas, entre ellas varios exdirigentes del partido.

En un auto de 180 folios, el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria considera que existen indicios suficientes para acusar al que fuera número dos del PNV en Álava y diputado foral de Administración Local, Alfredo de Miguel, principal acusado en este caso.

Además de Alfredo de Miguel, Ramos mantiene la acusación contra Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, exmiembros del PNV en Álava; dos responsables del Gobierno de Juan José Ibarretxe (Gurutz Larrañaga y Xabier Sánchez Robles), otros dos exdirigentes de la red de parques tecnológicos vascos (Julián Sánchez Alegría y Alfonso Arriola) y un exconcejal del PNV de Leioa (Iñaki San Juan).

El juez archiva la causa contra Asier Arzalluz, hijo del expresidente de la formación Xabier Arzalluz, y contra Pablo Jesús Larrabide.

El instructor imputa a los acusados once delitos: prevaricación, omisión del deber de perseguir delitos, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude a las administraciones públicas o en la contratación, negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, falsedad en documento público o mercantil, contra la Hacienda Pública y alteración de precios en concursos y subastas públicas.

En este auto, que puede ser recurrido, el juez pide a la Fiscalía y demás partes en el procedimiento que formulen escritos de acusación o sobreseimiento de la causa.

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