La organización defensora de derechos humanos Women's Link ha denunciado este jueves el incumplimiento por el Estado español del dictamen del Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw) que condenó a España por no haber protegido a una niña que fue asesinada por su padre.

La presidenta de Women's Link, Viviana Waisman, ha presentado sus comentarios al informe enviado por el Gobierno al Comité Cedaw y ha denunciado que, seis meses después de esta "histórica condena" a España "nadie ha asumido la responsabilidad" de unos hechos que condujeron al asesinato de una menor a manos de su padre, condenado por maltrato.

La Cedaw reprobó a España en julio de 2014 por actuar de manera negligente en la protección de Ángela González, víctima de violencia machista, y de su hija, de 7 años, asesinada en 2003.

González había denunciado en más de 30 ocasiones la violencia que ella y su hija sufrían y solicitado medidas de protección para ambas, aunque la menor fue asesinada por su padre en una de las visitas sin supervisión concedidas al agresor.

En su informe, la Cedaw señaló que la negligencia de los agentes estatales dio lugar a la muerte de la hija de Ángela por el maltratador y reprobó al Estado por no haber protegido ni a ella ni a su hija, por no castigar al agresor y por no investigar ni indemnizar a la mujer por los daños causados.

"Llevo 12 años esperando que me pidan perdón, y no lo he tenido", ha explicado González, quien ha lamentado que, a pesar de esta condena internacional, "este Estado, ni me ha compensado, ni reparado, ni indemnizado". El motivo esgrimido -ha explicado- es que "ellos no gobernaban cuando ocurrieron los hechos". En este sentido, González ha subrayado que la Cedaw no está castigando una ideología política, sino a un Estado "independientemente de quien lo gobierne".

Gema Fernández, abogada de Women's Link, ha subrayado que han pasado 217 días desde la condena y no hay noticias sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para cumplir las recomendaciones de la Cedaw.

Ha explicado que, en su escrito ante la ONU, España no reconoce a Ángela González como víctima de violación de derechos humanos, ni asume su responsabilidad "en el grave daño que se le ocasionó"; además -ha añadido- tampoco considera que haya un problema estructural aunque se sigan dando casos como el de González y su hija.

Sin embargo, ha destacado que, desde 2008, 36 niños han muerto a manos de sus padres agresores, 20 de ellos durante visitas, y que el 97% de los agresores con orden de alejamiento obtiene un régimen de visitas para ver a sus hijos.

Fernández ha destacado que la Cedaw ha instado a España a otorgar una reparación e indemnización adecuada a González, a lo que el Estado argumenta que no hay base jurídica para ello.

"El dictamen es base jurídica suficiente, ya que España firmó y ratificó voluntariamente la Convención Cedaw y su Protocolo, comprometiéndose a cumplir con las decisiones del Comité", ha afirmado.

Ante esta situación -ha explicado- González ha iniciado un proceso judicial para conseguir esta reparación.

También se exige la realización de una investigación "exhaustiva e imparcial", ante lo cual el Gobierno ha señalado que, dado el tiempo transcurrido, "no es posible" plantear una nueva investigación del caso.

Women's Link ha denunciado, asimismo, que el Estado no proporciona la formación adecuada y que ésta no llega ni al 1% del personal de la carrera judicial en activo.

Por todo esto, la organización ha expresado su "descontento" con el Gobierno español, "que no ha cumplido ninguna de las recomendaciones de la Cedaw".

"Esta hoja de ruta que desde la Cedaw se traslada al Estado es una oportunidad del Gobierno para demostrar su compromiso contra la violencia de género y el respeto a los derechos humanos", ha apuntado Fernández.