El Colegio de Abogados de Madrid ha anunciado este jueves que durante un periodo de seis semanas van a limitar a prestar los servicios de justicia gratuita y turno de oficio que exige la ley, sin añadir prestaciones adicionales como vienen haciendo, al considerar que este servicio cuenta con una "infradotación presupuestaria endémica" por parte de la Comunidad de Madrid, que está obligado a sufragar el gasto.

Así lo ha asegurado en rueda de prensa la decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, Sonia Gumpert, quien ha asegurado que se han roto las negociaciones con la Consejería de Presidencia, Justicia y Portavocía del Gobierno para actualizar el pago a los abogados del Turno de Oficio y recuperar la reducción del 20% efectuado en 2012.

Por ello, Gumpert ha anunciado que a partir del 9 de marzo y durante seis semanas, el servicio de guardia de asistencia al detenido sólo se dirigirá a detenidos, víctimas de violencia de género y víctimas de trata. Además, el servicio de orientación jurídica se limitará "al cumplimiento estricto de las obligaciones legales", evitando las prestaciones adicionales que se llevaban a cabo. Finalmente, en cuanto a la justicia gratuita, tramitarán todos los expedientes siempre que incluyan la información completa ya sea por los órganos judiciales o por los ciudadanos.

En este sentido, la decana ha incidido en que la Comunidad de Madrid adeuda al Colegio de Abogados el tercer y cuarto trimestre de 2014, con un montante superior a los 15,2 millones de euros que el Gobierno regional se ha comprometido a pagar a finales de marzo. Sobre ello, Gumpert ha incidido que les están pagando en un promedio de 146 días, cuando la ley dicta que el pago a proveedores del sector privado debe realizarse en un máximo de 60 días.

Así, Gumpert ha recordado que la parte de sus servicios que no están siendo financiados por la Comunidad deben ser financiadas por las cuotas de los colegiados. "Sería impensable que los médicos tuvieran que asumir parte del coste de la Sanidad", ha remarcado.

La decana, que ha asegurado que no van a "cruzar la línea roja" de dejar a la ciudadanía sin los servicios jurídicos esenciales que exige la ley, ha apuntado que estarán "dispuestos a retomar conversaciones con la Comunidad en cualquier momento".

El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, Salvador Victoria, ha asegurado que respeta las quejas del Colegio de Abogados por los pagos al turno de oficio, pero ha dicho que la Comunidad abona "en plazos adecuados" y, de hecho, ya se ha liquidado todo el primer semestre de 2014.

Durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, se ha referido a las quejas del Colegio de Abogados por los retrasos que, según asegura, se producen en el pago a los letrados que ejercen la justicia gratuita.

Salvador Victoria ha dicho respetar sus opiniones, pero ha negado que se esté ocasionando "ningún perjuicio" a la justicia gratuita y a los abogados del turno de oficio por los retrasos en el pago de este servicio.

Y, de hecho, ha apuntado que los plazos en los que paga el Gobierno de Madrid son "adecuados" y "más cortos" que los de otras comunidades autónomas.

"Tenemos liquidado el primer semestre del año pasado, y estamos en proceso de revisión del tercer trimestre", ha especificado el consejero, que ha justificado el retraso porque hay que revisar cada expediente que se remite a la Consejería de Justicia "a trimestre vencido".

Una revisión imprescindible, ha seguido explicando, para garantizar que quienes reciben asistencia jurídica gratuita verdaderamente la necesitan, y no son ciudadanos que, pudiendo pagar, solicitan este servicio para recibir gratis lo que al resto de contribuyentes les cuesta dinero.

Por tanto "no es retraso", sino una labor de inspección y de supervisión de cada expediente que se realiza en un plazo "más que razonable", y como ejemplo ha repetido que ahora se están revisando los expedientes del tercer trimestre de 2014.

Victoria ha indicado también que los abogados de la Comunidad de Madrid que se dedican al turno de oficio "perciben unos emolumentos más altos" que en aquellos territorios donde paga este servicio el Ministerio de Justicia, y cobran "más que la media nacional", cantidades "importantes".

El Gobierno madrileño, ha continuado, "siempre ha reconocido su importantísima labor" y por eso "nunca ha ahorrado esfuerzos, incluidos los presupuestarios", para garantizar que todo aquel ciudadano que no se puede costear un abogado tenga acceso a la justicia gratuita.