Modelos de administración pública dispares, diferencias legales (fiscal y laboral) y una burocracia excesiva son algunos de los obstáculos que impiden el desarrollo de la actividad emprendedora transfronteriza de España.

Así lo refleja, entre otros indicadores, el último informe sobre emprendimiento de la eurorregión EUROACE, integrada por la comunidad autónoma de Extremadura y las regiones lusas del Alentejo y Centro.

En el ámbito transfronterizo, los expertos entrevistados agrupan en cuatro bloques los obstáculos detectados a la hora de generar actividad emprendedora: políticas gubernamentales, normas sociales y culturales, acceso a infraestructuras físicas y otros conceptos.

Además de las diferencias en el marco legal, ya sean fiscales, laborales o tributarias, el estudio se hace eco de la “excesiva burocracia local, regional y nacional”, y el “desconocimiento” por parte de la estructura empresarial de los trámites para invertir en uno y otro lado de La Raya, pueblo fronterizo en Extremadura.

Los expertos entrevistados apuntan también la ausencia de incentivos para los emprendedores en la región de la frontera y “la falta de una estrategia conjunta y de coordinación de entidades de ambos países que promuevan el emprendimiento”.

En este sentido, el informe EUROACE 2013 subraya “el poco aprecio por el espíritu emprendedor en las sociedades portuguesa y española”, y “la falta de cultura real transfronteriza”.

Los expertos entrevistados demandan la ejecución de las infraestructuras terrestres que, aunque proyectadas desde hace “mucho tiempo, no terminan de completarse. En este apartado, también se consideran como obstáculos los costes de transporte y comunicaciones, y los peajes portugueses.

Aunque el último apartado lleva por título “varios”, las consideraciones que se contemplan tienen una especial relevancia.

Así, se afirma que el pequeño tamaño de las pymes supone una barrera “para competir en mercados globales” y que las dificultades de acceso al crédito para los emprendedores tampoco ayudan.

Entre sus recomendaciones apuntan la necesidad de “una política común para problemas comunes”, con políticas de desarrollo con estrategias conjuntas.