El pleno del Consejo Provincial de Consumo de Cádiz, presidido por el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha debatido este martes la memoria del Servicio de Consumo de Cádiz de 2014, que recibió y tramitó unas 1.619 denuncias y reclamaciones, la mayor parte de ellas correspondientes al sector servicios, en especial en el ámbito del comercio minorista y las comunicaciones —telefonía e Internet—.

En una nota, la Junta explica que, según la memoria de actuaciones, el pasado año se produjo un descenso en el número de reclamaciones presentadas en Cádiz, concretamente un 9,9 por ciento menos que en 2013.

El sector más reclamado es el sector servicios, ya que aglutina 1.574 reclamaciones, el 97,28 por ciento del total de quejas recibidas. Los servicios de minoristas y comunicaciones siguen siendo los que suman más reclamaciones, aunque ha habido una disminución en el número de quejas planteadas respecto a 2013. En el caso de las financieras, ha disminuido el número de reclamaciones, pasando de 172 a 93.

Otras actuaciones desarrolladas por el Servicio Provincial de Consumo han sido las realizadas en colaboración con Aduanas. En este sentido, la función del Servicio de Consumo es inspeccionar y comprobar que los artículos importados con irregularidades subsanables —en la mayoría de los casos relativas al etiquetado— en las aduanas de Algeciras y Cádiz hayan sido corregidos antes de su puesta a la venta al consumidor.

En ese sentido, durante el pasado año se han inspeccionado 171.227 unidades de productos, entre zapatos, artículos textiles o juguetes, entre otros.

SANCIONES

En cuanto a los procedimientos sancionadores, se han abierto 374 expedientes, un 27,8 por ciento más que el año anterior. En el pleno celebrado este martes se ha destacado el expediente abierto a una nueva empresa con actividad en la provincia en el sector de los instaladores de gas. La sanción propuesta es de 66.000 euros.

Al hilo de lo anterior, se ha informado de que los expedientes tramitados y las sanciones impuestas en años anteriores por los fraudes cometidos por empresas de revisiones de las instalaciones de gas en la provincia han contribuido a que muchas hayan dejado de actuar, lo que se ha evidenciado en el descenso en el número de reclamaciones.

Además, se han realizado un total de 27 campañas en sectores diversos como alimentación, productos industriales, juguetes, comercio electrónico, etcétera, en las que se han levantado 1.332 actas, y se han inspeccionado 1.437 establecimientos de la provincia.

De otro lado, el pleno ha debatido una declaración que se aprobará "en breve" en contra de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que "pone en peligro el papel que juegan las Oficinas Municipales de Información en apoyo a las personas consumidoras".

Por último, ha dado luz verde a la convocatoria de una mesa de trabajo para esclarecer la actual situación de la facturación de recibos de electricidad, ya que con la nueva fórmula de cálculo de los precios existe "mucha incertidumbre" que está provocando un aumento de las reclamaciones y denuncias por parte de los consumidores.