El fiscal argentino Natalio Alberto Nisman, cuya muerte ha conmocionado a Argentina tras ser hallado sin vida este lunes en su domicilio de Buenos Aires, se había convertido en el centro de atención política en los últimos días tras denunciar a la presidenta, Cristina Fernández, y a varios de sus colaboradores por el presunto encubrimiento de Irán en el atentado terrorista contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en 1994.

Nisman, de 51 años, adquirió experiencia como fiscal en los tribunales de la localidad bonaerense de Morón (unos 22 kilómetros al oeste de la capital) y había dedicado los últimos 11 años de su vida a investigar el ataque participando entre 2001 y 2003 en el primer juicio de la causa por este atentado, en el que murieron 85 personas y unas 300 resultaron heridas en uno de los ataques más graves en la historia del país.

Tanto la Justicia como la comunidad judía de Argentina responsabilizaron a Irán y a Hizbulá de ese atentado, en concreto al jefe del servicio exterior de ese grupo, Emad Mughniye. Este último, que también figuraba entre los acusados por el ataque terrorista contra la embajada israelí en Buenos Aires en 1992 en el que murieron 29 personas, fue asesinado el 12 de febrero de 2008 en Damasco.

Profesor universitario de Derecho Penal y Procesal, Nisman se especializó como fiscal en terrorismo internacional, narcotráfico, lavado de dinero, fraudes al Estado, tráfico de armas y explosivos.

Pocos meses después de asumir el poder, el presidente Néstor Kirchner (2003-2007) le designó para investigar de forma exclusiva el atentado contra la AMIA, causa a la que se dedicó desde entonces.

En 2008, en el marco de la causa, solicitó la detención del expresidente Carlos Menem y del exjuez de la causa Juan José Galeano por presuntamente "alterar, obstruir e intentar neutralizar la investigación del atentado".

Sin embargo, su alejamiento del Gobierno comenzó al trascender a raíz del polémico Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán para el esclarecimiento del atentado, que fue planeado a sus espaldas y firmado por autoridades de ambos países en enero de 2013.

Dos años después, Nisman no vaciló en denunciar penalmente a Fernández y al canciller, Héctor Timerman, por presuntamente "fabricar la inocencia" de los presuntos terroristas iraníes que perpetraron el ataque terrorista.

Consciente de la gravedad de su acusación, el fiscal contaba con una custodia policial de diez hombres y había denunciado en los últimos días haber recibido amenazas contra su persona.

Poco después de interponer la presentación judicial, Nisman compareció ante un grupo de periodistas visiblemente nervioso y afirmó que había advertido a su hija de que en los siguientes días iba a escuchar "cosas tremendas" sobre su persona. Incluso llegó a declarar al diario argentino Clarín: "Yo puedo salir muerto de esto".

Sus peores presagios se confirmaron cuando fue hallado muerto este lunes en su piso del lujoso barrio porteño de Puerto Madero, apenas unas horas antes de su comparecencia prevista ente el Congreso para detallar la denuncia contra Cristina Fernández y varios de sus colaboradores por el supuesto encubrimiento de los presuntos autores del atentado contra la AMIA.

En un escrito de 300 páginas, Nisman señaló a la presidenta y a su ministro de Exteriores, Héctor Timerman, entre otros cargos públicos, como autores y cómplices de encubrimiento agravado de los sospechosos iraníes, así como de otros delitos conexos, como obstrucción e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Nisman contaba con grabaciones de conversaciones telefónicas entre las autoridades iraníes y agentes de inteligencia y mediadores argentinos que, según el fiscal, demostrarían que Argentina suscribió un memorándum de entendimiento con Irán que implicaría el encubrimiento de los sospechosos del atentado contra la AMIA a cambio de impulsar el comercio bilateral y el intercambio de petróleo por granos en un contexto de crisis energética en el país suramericano.