20 alcaldes, denunciados aquí por delito urbanístico

La Fiscalía de Medio Ambiente abrió otros 66 expedientes en 2006 contra ayuntamientos. Manilva, Marbella y Archidona, en los tres primeros puestos.
Marbella ya no está sola. Tras este nombre hay 20 alcaldes con causas abiertas por delitos relacionados con el ladrillo. Un lucrativo negocio que levanta más sospechas que edificios y «es el gran problema de Málaga», alerta la Fiscalía de Medio Ambiente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).El 73% de las denuncias (332) que tramitó en 2006 fueron por delitos contra la ordenación del territorio: 243,  frente a los 59 de 2005. Dentro de éstos, además de los regidores, hay 66 ayuntamientos denunciados. Manilva (10), Marbella (7) y Archidona, ocupan los tres primeros puestos, según la memoria de la Fiscalía presentada ayer.

Si en 2005 ésta señalaba a Benalmádena junto con Marbella, en 2006 se amplía a Manilva, Estepona, Torremolinos y Rincón de la Victoria. En estas zonas la mayoría de delitos se relacionan con la prevaricación urbanística.

Por contra, en los municipio de interior el problema es otro: particulares que construyen su casa en suelo no urbanizable con licencia de obra menor. Los alcaldes o corporaciones son denunciados por la actitud «complaciente» o por conceder licencias contrarias a los informes técnicos. Así están, entre otros, Archidona, Ronda o Tolox (donde se paralizaron parte de las 2.000 viviendas que se pretendían levantar sin cumplir la legislación).

Dos buenas noticias en el informe: aún hay pocos delitos contra el patrimonio histórico (cuatro) y se reducen un 33% los incendios. La Fiscalía dice que crecen las denuncias contra el medio ambiente y la flora y la fauna.

Crear unidades en cada provincia

La Fiscalía andaluza recoge en su memoria de 2006 algunas recomendaciones, como la creación de unidades de expertos y policías adscritas a cada provincia que ayuden en las investigaciones, o la implantación de un sistema informático general. En Andalucía, las diligencias abiertas por delitos urbanísticos se triplicaron (de 348 a 925) y las medioambientales se duplicaron (224 a 425). Los de patrimonio histórico fueron 40.

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