El PSOE ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el real decreto en el que se establece el cierre temporal del almacenamiento subterráneo de gas Castor y la indemnización a sus promotores.

Tras la presentación del recurso, el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha señalado que, con ello, pretenden "amparar el interés general de los españoles que se está viendo afectado por la manera de legislar y de gobernar del PP".

"Intentamos demostrar que se ha tomado una decisión injusta porque se ha tomado defendiendo un interés particular, y no el interés general, y sin saber las circunstancias profundas para que este almacén sea de momento inviable", ha añadido.

En su opinión, la resolución de esta cuestión ha supuesto que "en 30 días se le ha pagado a una empresa 1.300 millones de euros sin intentar saber qué había pasado realmente para que finalmente el almacén no pudiera llevarse a cabo".

"Se trata de que los consumidores españoles tengan la capacidad de reaccionar ante una situación de una catástrofe como la que significa Castor", ha subrayado.

Por su parte, el diputado socialista Francesc Vallès ha asegurado que de esta manera el PSOE pretende "denunciar la desvergüenza del PP, que ha sido capaz de sacarse de la manga 1.300 millones de euros y pagar a 'tocateja' a una empresa casi sin mirar la factura y con una celeridad inaudita".

"Estamos hartos del trato que el PP está dando a los ciudadanos", ha insistido, y de que "anteponga los intereses económicos a los personales y territoriales".

En septiembre de 2013, el Gobierno suspendió la actividad de inyección de gas en el almacenamiento subterráneo Castor, ubicado frente a las costas de Castellón, después de que se registraran cientos de pequeños seísmos en la zona.

Desde entonces se han sucedido los informes y peticiones de información a expertos con el objeto de determinar si el proyecto es seguro, es decir, si puede volver a la actividad sin provocar nuevos seísmos, una cuestión que todavía no se ha resuelto.

Mientras tanto, la sociedad promotora Escal UGS, propiedad en un 67% de ACS, decidió renunciar a la concesión del almacenamiento, lo que, de acuerdo a la normativa que rige el proyecto, le daba derecho a una indemnización por valor de la inversión menos las cantidades que ya hubiera cobrado, esto es, 1.350 millones de euros.

El Gobierno aceptó esta renuncia en un real decreto ley aprobado el 3 de octubre de 2014, junto con la indemnización y la planificación para el futuro del almacenamiento.

De acuerdo a esta normativa, el almacén Castor pasa a ser gestionado por Enagás, que es quien inicialmente se ha hecho cargo del pago de la indemnización, aunque recuperará este desembolso a lo largo de treinta años mediante cobros del sistema gasista, es decir, de la tarifa que pagan todos los consumidores.

La reclamación del PSOE se une al recurso de inconstitucionalidad presentado por la Generalitat de Cataluña el pasado 23 de diciembre de 2014, al considerar que se da una falta de justificación y proporcionalidad.