La magistrada considera que «no revisten caracteres de delito», ya que Veiret había arrendado el piso a una mujer, que, a su vez dejaba que vivieran en él varias personas, circunstancia que conocían los dueños.
Esto facilitó la posibilidad de que uno de estos ocupantes alquilase de nuevo el piso a los cuatro ciudadanos que firmaron un contrato de alquiler privado. Este contrato resultó falso, ya que la arrendataria había aportado un DNI que no se correspondía con el nombre y apellidos.
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