La Sección sexta de la Audiencia Provincial de A Coruña ha confirmado el archivo de la causa conocida como 'trama agraria', cuyo sobreseimiento provisional había decretado hace más de un año el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago al no apreciar delito de fraude.

En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Audiencia Provincial desestima el recurso de apelación interpuesto, contra el archivo provisional, por la Xunta de Galicia y el Partido Popular, que en 2010 denunció que había 30 personas implicadas en un supuesta trama, con el sindicado Unións Agrarias (UU.AA.) a la cabeza, para captar fondos de la Administración autonómica entre 2006 y 2008 —en la época del bipartito—.

Los populares, entonces a través de su portavoz, Antonio Rodríguez Miranda, cifraron que las ayudas para 160 contratos habían alcanzado los 1,89 millones de euros. Con anterioridad, ya habían presentado una querella —luego ampliada— por la contratación de una agente electoral.

Al igual que se había apreciado en el juzgado de instrucción de Santiago, el auto de la Audiencia Provincial constata "indicios" de que existían "discrepancias entre las actividades subvencionadas y las que en realidad llevaron a cabo las personas contratadas", pero advierte de que "no cabe estimar (...) que estas irregularidades puedan considerarse punibles" por el código penal.

El documento judicial señala que la comprobación administrativa del uso de los fondos "no fue exhaustiva y puede ser ampliada o agotada, pero en absoluto —añade— es apreciable que haya sido superficial o meramente formal".

Asimismo, apunta que "debe entenderse que se está ante irregularidades que, sin perjuicio de su posible relevancia administrativa como causa de reintegro o como infracción, no constituyen una quiebra esencial de la finalidad de la subvención", es decir, no reúne los requisitos para que la actuación sea abordada desde el punto de vista penal.

Infracción "grave"

Por otro lado, y dando por "descartada" la posible punibilidad como estafa, toda vez que el dinero fue destinado a pagar la nómina y la seguridad social del contrato subvencionado (formalizado por Unión de Viticultores do Castro y la considerada "agente electoral"), el auto recoge que "sí existen indicios de que la conducta, de alcanzar la cuantía, pudiera constituir un fraude de subvenciones penalmente punible".

De hecho, añade que "es evidente que la actuación de la testigo durante unos meses como agente electoral en el extranjero, indiciariamente resultante de las manifestaciones de la testigo (...) supone una desviación grave de la finalidad de la subvención" que, a priori, "excedería la irregularidad administrativa". Con todo, matiza que "no se cumpliría la condición objetiva de punibilidad dada la cuantía subvencionada".

En cuanto al supuesto aprovechamiento ilegal de Unións Agrarias (UU.AA.), el auto de la Audiencia Provincial concreta que "lo relevante penalmente" sería que se desviasen fondos y no se aplicasen al destino —el pago de nóminas y cuotas sociales—, pero "no hay indicios de que ocurriera".

Asimismo, considera "evidente" que "no puede disociarse" que UU.AA. "anticipó las cantidades" para que se fuesen pagando a los trabajadores las nóminas de las personas empleadas a través de las asociaciones vinculadas —"dada la fragilidad económica de éstas"—, ya que "vencían antes de la llegada de los fondos desde la Administración".

Al respecto, la sala de la Audiencia Provincial concluye que, si en virtud de esta mecánica, el sindicato percibía los intereses que podía generar el importe percibido, esta situación "atañe a las relaciones" entre el sindicato y las asociaciones, puesto que "no consta" que estos intereses tuviesen que tener una aplicación específica.

Denuncia del pp

Los populares gallegos denunciaron en su día una red "fantasma" de asociaciones vinculadas a Unións Agrarias cuando el ahora diputado Pablo García era dirigente del sindicato y Ricardo Varela, ahora senador, era titular de la Consellería de Traballo, con el bipartito. A ambos, los populares gallegos acusaron de ser los "cerebros" de la supuesta trama.

El propio vicepresidente de la Xunta —antes como conselleiro de Presidencia únicamente— y secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, anunció que la intención de los populares era recurrir el archivo provisional, ahora ya confirmado, y realizó numerosas declaraciones en las que reclamó explicaciones al PSdeG.

De hecho, llegó a sostener en 2010 que el caso "iría a más" después de que diputados de su partido recabasen información relativa a los años 2007 y 2008. De hecho, apenas cuatro días más tarde el portavoz del PP de entonces, Antonio Rodríguez Miranda, elevó a 30 el número de asociaciones "fantasma" supuestamente vinculadas en la trama.

Antes de la ampliación de la querella presentada por el PPdeG para agregar los datos relativos al sindicato, fue imputado el alcalde de Muxía, Félix Porto, por un supuesto delito de fraude y malversación, que también ha quedado archivado definitivamente con el auto de la Audiencia Provincial.

También a raíz de esta causa declararon en 2011 como imputados por un supuesto delito de prevaricación dos exaltos cargos de la Administración autonómica del PP, el en 2011 director xeral de Avaliación e Reforma Administrativa de la Consellería de Presidencia, Jaime Bouzada, y el entonces director xeral de Promoción do Emprego de la Consellería de Traballo, Andrés Hermida.

Sin embargo, en junio de 2012, el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago también archivó las diligencias al entender que ambos que "adoptaron las decisiones siempre del ámbito de su competencia" en relación a las inspecciones ordenadas en 2010 a la sede del sindicato UU.AA. y, por lo tanto, actuaron "con amparo legal y reglamentario".