Gobierno vasco interpone un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de racionalización del sector público

El Gobierno vasco ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del sector público y otras medidas de reforma admnistrativa al considerar que se produce una "invasión competencial" en algunas materias.

El Gobierno vasco ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 15/2014 de 16 de septiembre de racionalización del sector público y otras medidas de reforma admnistrativa al considerar que se produce una "invasión competencial" en algunas materias.

El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, ha realizado este anuncio en la rueda de prensa, en la que ha explicado que ya en septiembre denunciaron las "graves invasiones competenciales" que, a su juicio, pretendía llevar a cabo el Gobierno español "bajo el pretexto de la reestructuración y racionalización del sector público".

En concreto, ha recordado que el Ejecvutivo autónomo denunció hasta 96 medidas incluidas en el informe de la CORA (Comisión para la reforma de las administraciones públicas) y que el Ejecutivo del PP, en lugar de "corregir" el problema, "lo ha agravado" porque ha elevado a rango de ley algunas de las propuestas que el Gobierno vasco denunció. "El Gobierno español ahonda en la actitud recentralizadora", ha añadido.

Erkoreka ha destacado dos apartados de la ley que son "inasumibles" desde el punto de vista competencial. Por una parte, el Gobierno central establece que la Base de datos estatal de subvenciones es la única "válida" para dar publicidad a todas las ayudas y subvenciones de las administraciones públicas del Estado. Por otro lado, se obliga a que todas las comunicaciones oficiales de las administraciones para personas que no han podido ser localizadas se realice solo a través del BOE.

A su juicio, con estas medidas, el Gobierno evidencia "una "falta de respeto" respecto al autogobierno vasco y cree que es "inaudita" e "inaceptable" su actitud. Por lo tanto, cree que se está ante un "nuevo quebranto del Estatuto de autonomía".

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