Martín Villa, acusado de crímenes del franquismo, quiere declarar ante la jueza argentina Servini

El ex dirigente franquista, ex vicepresidente del Gobierno y exministro Rodolfo Martín Villa, en una imagen de archivo.
El ex dirigente franquista, ex vicepresidente del Gobierno y exministro Rodolfo Martín Villa, en una imagen de archivo.
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El ex dirigente franquista, ex vicepresidente del Gobierno y exministro Rodolfo Martín Villa, en una imagen de archivo.

El exministro Rodolfo Martín Villa tiene intención de prestar declaración ante la jueza argentina María Servini, que ha pedido la extradición de varios cargos del franquismo en su investigación contra los crímenes del régimen.

Así lo ha anunciado el propio Martín Villa en declaraciones a Onda Cero, en las que ha dejado claro que quiere defenderse sin usar como "parapeto" la decisión del Gobierno de no extraditar a los afectados ni tampoco la Ley de Amnistía: "Para eso tendría que haber cometido algún delito que fuera objeto de esa ley", ha dicho.

Martín Villa, que está estudiando los consejos de sus abogados, ha explicado que aún no está claro cómo se materializará esa declaración, ya que considera que no tendría que viajar a Buenos Aires sino que podría hacerlo a través de una comisión rogatoria, por escrito, por videoconferencia o a través de una cooperación jurídica internacional.

El exministro también ha avanzado que, puesto que se trata de una cuestión política, está valorando la posibilidad de pedir una comparecencia ante el Congreso de los Diputados. La juez persigue a Martín Villa por los sucesos de Vitoria de marzo de 1976, que dejó cinco muertos en la represión de una huelga general.

La sección argentina de Interpol solicitó este miércoles a Madrid la detención preventiva con fines de extradición de los últimos 20 imputados por la justicia argentina en la causa por los crímenes del franquismo, entre los que figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz Gallardón.

Sin embargo, la Policía Nacional no procederá a detener a la veintena de personas que reclama la Justicia argentina pues Interpol España —integrada en la estructura del Cuerpo Nacional de Policía— alegaba ante su Secretaria General, con sede en Lyon, una resolución aprobada por este organismo en 2010 y que afecta a la cooperación en el caso de solicitudes relacionadas con los delitos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, que limita este tipo de peticiones.

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