La jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha reclamado ahora a la Junta de Andalucía que remita en soporte digitalizado las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros -los consejillos- celebradas desde el año 2001 hasta el 18 de octubre de 2012.

En una providencia fechada el 30 de octubre, a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada Mercedes Alaya confirma que la Junta ya ha remitido dichas actas, pero requiere a la Administración autonómica para que, "dado el volumen" de la documentación enviada al Juzgado, aporte ahora las actas de los consejillos en soporte digitalizado.

La magistrada pidió dichas actas a fin de investigar si en las mismas "se recogen extremos que pongan de manifiesto el conocimiento generalizado entre las más altas instancias de la Junta de la indiciaria vulneración de la competencia del Estado en la concesión" de subvenciones de naturaleza laboral "y acerca de la ilegalidad" del procedimiento de concesión y pago, "conocimiento indiciario que ya existía en la fase de elaboración de los presupuestos de cada año".

Alaya solicitó las actas de los consejillos entre 2001 y 2012 -fechas en las que los sucesivos consejeros de la Presidencia que presidían las reuniones fueron Gaspar Zarrías, Antonio Ávila, Mar Moreno y Susana Díaz- a petición de la exasesora de Empleo María José Rofa y de la acusación que ejerce el PP.

Así, el PP pidió en febrero de 2012 dichas actas, pero la representación de la Junta, por medio de un escrito, mostró su oposición a dicha solicitud y puso de manifiesto que, en caso de que se acordara, "sería más efectivo en orden a la averiguación de los hechos la no aportación masiva o indiscriminada de todas las actas, sino sólo la certificación del secretario de la Comisión General de Viceconsejeros y Viceconsejeras acerca de los acuerdos adoptados por dicho órgano".

Hay que recordar que la Junta, que la semana pasada publicó las actas en su propia página web, ha recurrido directamente ante la Audiencia Provincial de Sevilla el auto en el que la juez solicitó las actas de las reuniones de la Comisión General de Viceconsejeros al entender que "está criminalizando a toda la Junta como poder del Estado por ejercer las competencias que legítimamente entiende que le corresponden".

En el recurso, la Junta pone de manifiesto que "la práctica de diligencias en la instrucción de las causas penales están orientadas a la comprobación de hechos delictivos y a la determinación de sus responsables", pero el auto dictado por la juez Mercedes Alaya "ha construido, sin embargo, un argumento incriminatorio sobre el presupuesto de que la Junta de Andalucía está vulnerando las competencias propias, según el auto, del Estado".

Al hilo de ello, los servicios jurídicos de la Junta añaden que, "dado que desde la aprobación de la Orden de 1 de abril de 2011 no existe en la causa reproche alguno de naturaleza procedimental o de arbitrariedad a la concesión de ayudas sociolaborales, debemos entender que la invasión de competencias estatales es el único fundamento que motiva el requerimiento de las actas de los años 2011 y 2012, requerimiento al que se contrae exclusivamente el presente recurso".