El director xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea de la Xunta, Jesús Gamallo, cree que el Tratado Transatlántico de Comercio que están negociando Estados Unidos y la UE "es una oportunidad" para diversos sectores gallegos y "no supone una amenaza".

Así lo ha apuntado en respuesta a una pregunta oral del BNG sobre las negociaciones de un acuerdo entre Estados Unidos y la Unión Europea que la diputada Tereixa Paz cree que representa "un atentado la democracia", ya que se va a interponer el interés de transnacionales al de la ciudadanía en general.

De hecho, Tereixa Paz censura que este acuerdo "es un auténtico escándalo", dado que "todo es susceptible de ser privatizado", y tendrá, a su juicio, graves "consecuencias sobre los derechos laborales", al haber una "equiparación de la regulación laboral europea a la estadounidense".

En cambio, Gamallo considera que "lo que está bien claro es que este tratado va en la línea de favorecer el comercio Transatlántico", de tal forma que "ésta es una negociación 'win-win", pues "o ganan las dos partes o no se aprueba el tratado".

Al respecto, el responsable de Relación Exteriores ha defendido que este tratado va a favorecer la exportación de vinos gallegos debido a la reducción de costes de intermediarios con el fin de poder "entrar mejor en el importante mercado americano". Una oportunidad que también aprecia para sectores como el textil, la automoción o el conservero, el cual padece que "hay aranceles altos".

Sobre este acuerdo, Gamallo ha remarcado que la Xunta apoya "sin fisuras las iniciativas del libre comercio", ya que considera que "se busca un saldo global positivo para las dos partes". Sobre las preocupaciones expuestas por el BNG, ha asegurado que "no parece probable" que el núcleo del modelo social europeo" pueda "ser atacado por estas negociaciones".

Reservas sobre información

En su pregunta, el BNG ha denunciado "secretismo" sobre las negociaciones que se están llevando a cabo entre la UE y los Estados Unidos, y ha reclamado a la Xunta que explique cuál es su grado de conocimiento sobre los que se está abordando.

Sobre este extremo, Gamallo ha informado de que estas negociaciones no son competencia de ninguna comunidad ni de los Estados "en la mayoría de los 'items' a negociar", ya que "el protagonismo negociador es de la Comisión Europea" con el mandato del Consejo.

En esta línea, ha remarcado que el Gobierno autonómico "es conocedor de las negociaciones en curso", pero ha subrayado que la información conocida por el Gobierno español " depende de lo que le transmita el equipo negociador de la UE".

"En la fase en la que nos encontramos se exige cierta reserva en la gestión de información, no porque haya nada oculto o nada pernicioso", ha explicado Gamallo, sino porque en estas rondas negociadoras se afrontan "desde posturas de máximos" en las que se buscan avances "sin detallar cuáles son las auténticas líneas rojas". De lo contrario, "esa información beneficiaría" a la otra parte y "devaluaría las contrapropuestas europeas".

Por ello, Gamallo ha justificado que "no puede ser una información absoluta en tiempo real", pero en su momento, con la debida autorización, el Gobierno gallego "será adecuadamente informado".

PREFERENTES

En esta comisión se ha respondido a las dos preguntas orales del BNG que fueron aplazadas en la sesión del 19 de septiembre, lo que provocó que el diputado Francisco Jorquera abandonase ese día la comisión en señal de protesta. Estas dos cuestiones versaban sobre el tratado de comercio entre la UE y el EE.UU, así como de preferentes.

En lo tocante a las preferentes, el Bloque ha reclamado a la Xunta información sobre cuántos preferentistas aún no han recibido su dinero y cuánto dinero queda por devolver. Así, la diputada Tereixa Paz ha expuesto los datos del Frob del mes de enero en el que se recoge que hay más de 116.000 afectados por preferentes de las antiguas cajas gallegas, de tal forma que unas 107.000 solicitaron el arbitraje y de estas fueron llamadas más de 62.000, que han recuperado 496,5 millones de euros.

Por su parte, el Bloque estima que cuando finalicen los juicios se recuperarán uno 1.600 millones de euros, por lo que faltarán por restituir unos 210 millones de euros pertenecientes a preferentistas.

Sobre esta cuestión, ha respondido la directora xeral de Comercio, Sol Vázquez Abeal, quien ha explicado que los datos que maneja la Xunta son los mismos que los del Frob, por lo que no conoce otras cifras que las oficiales.

Junto a esto, ha señalado que en el Instituto Galego de Consumo se ha atendido a más de 56.000 personas que acudieron en buscar de asesoramiento para tramitar su reclamación, mientras que ha destacado que más de 40.000 familias gallegas afectadas han recuperado por la vía del arbitraje el cien por cien de sus ahorros.

En esta línea, ha reiterado los datos aportados hace unos por el presidente del TSXG, Miguel Ángel Cadenas, de que los juzgados de preferentes de A Coruña y Vigo han resuelto "el 75%" de las demandas presentadas, lo que supone unas 2.500 de cerca de 3.400, por lo que Vázquez Abeal subraya su "gran agilidad".

Al respecto, la diputada del BNG Tereixa Paz ha criticado que la Xunta no haga "seguimiento" de en qué situación se encuentran los afectados por preferentes "más allá" de los datos del FROB, y ha lamentado que se marcha de la comisión sin saber cuántos son los ahorradores que todavía no han recuperado su dinero, "ni cuál" es su situación.

En respuesta, Vázquez Abeal ha defendido que la Xunta hace "seguimiento de los datos facilitados por los juzgados y tribunales", al tiempo que ha puesto en valor que "desde el primer momento" el Gobierno gallego se ha interesado por su defensa.