El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, cree que la decisión de eliminar todos los aforamientos está "muy poco meditada" y ha calificado de "imprescindible" que los jueces y fiscales estén aforados, pero solo en lo relativo al ejercicio de sus funciones.

En una entrevista en la Ser, ha pedido que se medite muy seriamente y que se analicen las razones de cada aforamiento y cómo está funcionando. En el caso de jueces y fiscales, ha dicho, los casos son mínimos y además son "necesarios". El fiscal ha admitido que "sin duda" en ocasiones se legisla a golpe de alarma social, pero también ve necesario que el legislador esté "pegado a la realidad".

Las declaraciones del fiscal general se producen después de que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, asegurase a finales de agosto que la propuesta que lleva el Ministerio en el proyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial es para pasar de 17.621 a 22 aforados en España. "Los titulares de los poderes del Estado", especificaba entonces el ministro: el presidente del Gobierno, los presidentes del Congreso y del Senado, el presidente del Tribunal Constitucional y el presidente del Tribunal Supremo, más los 17 presidentes de las comunidades autónomas. También se verían incluidos los miembros de la Familia Real.

Preguntado, por otro lado, si es partidario de tipificar como delito el enriquecimiento ilícito —dada la dificultad de demostrar el delito de cohecho— ha replicado que él no es partidario de "ampliar el Código penal" más que para eliminar posibles resquicios, porque el código español "es uno de los más exigentes, extensivos e invasivos de bienes jurídicos".

Es más, ha afirmado que en España están en el Código Penal conductas que "en una concepción moderna del Derecho Penal" no deberían estar ahí. Por eso, ha dicho que no es partidario de introducir nuevos tipos penales, sino de trabajar para que la administración de Justicia sea más rápida.

Así, ha asegurado que en España se producen condenas por delitos de corrupción, pero que con frecuencia el retraso daña la credibilidad de la condena. Según ha explicado, de las 12 macrocausas de corrupción abiertas, cinco entrarán en fase de juicio oral el año que viene y "habrá condenas, sin ningún género de dudas". "Los ciudadanos tiene que saber que todo llega", ha dicho.