CC OO ha denunciado ante la Fiscalía General del Estado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, por su decisión de "entregar el Registro Civil a los registradores de la propiedad y mercantiles".

Asimismo, ha convocado una concentración para el miércoles ante el Tribunal Supremo, coincidiendo con el acto de apertura del año judicial, "contra la privatización del Registro Civil y contra la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial" y una huelga en la Administración de Justicia de ámbito nacional para el 8 de octubre.

En un comunicado, CC OO recuerda que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 4 de julio el real decreto de la ley de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia.

Denuncia que incluye "la privatización de los registros civiles mediante el traspaso de su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles, sin que conste inhibición o abstención previa ni del presidente del Gobierno (registrador y hermano de registradores) ni del ministro de Justicia (suegro y cuñado de registradores)".

El sindicato añade que "la ley de regulación de conflictos de intereses del Gobierno y de los altos cargos de la Administración del Estado impone el deber de inhibición y abstención a los miembros del Gobierno de la nación, secretarios de Estado y demás altos cargos".

Además de la denuncia ante la Fiscalía, CC OO ha presentado un escrito dirigido a la Oficina de Conflictos de Intereses dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas "para que se inicien las diligencias de investigación necesarias por si la citada actuación pudiera ser constitutiva de alguna infracción disciplinaria".