La Junta de Personal Docente de Melilla ha acusado al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes de "imponer" el calendario escolar en la ciudad al modificarlo "de manera unilateral y sin justificación razonable alguna" tras un primer consenso en el que se contemplaban dos semanas de vacaciones en Semana Santa —como ha ocurrido en los dos últimos cursos— y que con el último cambio se ha reducido a ocho días con una nueva distribución de festivos.

El órgano que reúne a todos los sindicatos de enseñanza señala que la Dirección Provincial del Ministerio sí les "escuchó en un principio" y de este modo la propuesta que presentó fue elevada a Madrid y aprobada por la instancia correspondiente, "como se nos informó en una de esas reuniones con la Dirección Provincial de la que, como es habitual, no se levantó acta".

Sin embargo, ha criticado que en el mes de julio el Ministerio "modificó de manera unilateral y sin justificación razonable alguna el calendario por ellos mismos aprobado, lo que ha llevado a la imposición igualmente unilateral del calendario recientemente hecho público".

Asimismo destaca que el concepto de "escuchar" aplicado por el Ministerio pasa por "la imposición arbitraria de unos criterios previos sin justificación ni negociación alguna". "Lo más grave es que, a pesar de haber ajustado escrupulosamente nuestra propuesta a la letra de esos criterios al margen de que no los compartamos, el Ministerio se desdiga de su decisión inicial y, emboscado en el periodo vacacional, deseche un calendario aprobado e imponga otro diferente sin, como ya hemos destacado, justificación alguna", denuncia la Junta Personal.

Este hecho, además, se enmarca en la "actitud dictatorial y arbitraria que ha demostrado el Ministerio a lo largo del verano, con modificación de criterios de convocatorias ya cerradas y públicas —como las comisiones de la educación compensatoria— o la publicación de unas instrucciones de principio de curso claramente atentatoria contra lo recogido en otras órdenes o, incluso, en un Real Decreto Ley, así como en la ya habitual política de desprecio de Ceuta y Melilla, a cuyas comunidad y autoridades educativas poco o nada parecen escuchar".