El consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y el Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, han firmado este jueves un acuerdo que evitará el recurso de inconstitucionalidad ante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, ya que se "aclara" la interpretación de varios artículos, de forma que se "preserva" la competencia de Euskadi en materia de medio ambiente.

En un comunicado, el Departamento de Administración Pública y Justicia del Gobierno vasco, ha informado de que este acuerdo —que se publicará próximamente en los Boletines Oficiales del Estado y del País Vasco—, es fruto de seis meses de negociación entre ambos Gobiernos entablada en el seno de la 'Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco'.

Según ha explicado, ambos ejecutivos han acordado la interpretación de los artículos 49 y 50. Así, Euskadi estará presente en las consultas transfronterizas que entable el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación cuando una actuación vasca tenga efectos medioambientales en un tercer Estado o cuando la actuación de un tercer Estado tenga efectos medioambientales en Euskadi.

En este sentido, el Gobierno vasco ha recordado que la redacción original de la Ley de Evaluación Ambiental "limitaba" la intervención autonómica en estos casos, "pero gracias al acuerdo, ahora, el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación lo deberá hacer en colaboración y sin perjuicio de las competencias asignadas".

Además, el Gobierno vasco ha considerado "importante" que el central "respete", en el artículo 4, que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente sea una órgano consultivo, de cooperación y de intercambio de información "y no un instrumento con capacidad de impulsar reformas legislativas autonómicas tal y como se pretendía en la ley española".

Sin cláusula de prevalencia

Por último, ha destacado que este acuerdo "deja claro que no se puede aplicar la cláusula de prevalencia a las Comunidades Autónomas que no adapten su normativa a la española en el plazo de un año".

"El Gobierno español pretendía que, a partir de un año de la entrada en vigor de la legislación española en materia de evaluación ambiental, las Comunidades Autónomas que no tuvieran su normativa adaptada a ella, tuvieran la obligación de aplicar la ley española y no la autonómica", ha recordado.

Por ultimo, ha subrayado que además de este acuerdo, en lo que va de legislatura, los Gobiernos vasco y central han alcanzado otros ocho acuerdos con los que se ha "evitado" la presentación de recursos de inconstitucionalidad, totales o parciales, por "invasiones competenciales" entre los que ha destacado los acuerdos "parciales" sobre el Real Decreto-ley 14/2012 de medidas urgentes de Racionalización del Gasto Público en el ámbito educativo y el alcanzado en el Real Decreto-ley 16/2012 en materia de salud.