La juez de Andorra que tramita la comisión rogatoria del caso en el que se investiga a Jordi Pujol Ferrusola ha accedido a enviar los datos requeridos por el juez Pablo Ruz, pero advierte de que la documentación que le envíe solo puede ser usada si se investiga un delito de blanqueo vinculado a delitos de corrupción o apropiación indebida, pero no si está relacionado con un delito fiscal.

En el auto remitido este lunes al juzgado de Pablo Ruz, que esta semana se encuentra en Guatemala en comisión de servicios, la jueza de Andorra accede a cumplimentar la comisión rogatoria que le requirió el magistrado el pasado 29 de julio, pero acuerda suspender su ejecución por un plazo de 30 días para dar traslado a las partes para que aleguen lo que proceda para ejercer su derecho de defensa.

En esa misma resolución, según han informado fuentes jurídicas, la jueza andorrana da también 30 días de plazo a Banca Privada de Andorra para que aporte la documentación requerida por el juez de la Audiencia Nacional.

La juez recuerda además en su auto los límites legales de la comisión rogatoria a Andorra, fundamentalmente que la documentación requerida sólo podrá ser utilizada para perseguir delito de blanqueo vinculado a delito de corrupción o de trafico influencias y que por tanto no podrá ser utilizada para perseguir delito contra la hacienda pública o blanqueo vinculado a delito fiscal.

El auto de la jueza de Andorra se ha enviado este mismo lunes a traducir y se ha dado traslado del mismo a las partes personadas: la defensa de Jordi Pujol Ferrusola y su exmujer Mercè Gironés, a los que Ruz ha citado para interrogarles por primera vez como imputados por este caso, y a la Fiscalía Anticorrupción.

Ruz investiga desde enero de 2013 el movimiento de divisas efectuado por los imputados durante ocho años (2004-2012) en trece países y que supera los 32 millones de euros.