Fue a mediados de agosto cuando la organización FACUA –consumidores en acción denunció ante la Agencia Española de Protección de Datos al hospital público madrileño de Fuenlabrada por ceder información de sus pacientes a una clínica privada “Los Madroños” de Brunete. Ahora, a su lista se suman cuatro hospitales públicos más: Hospital de San Pedro en Logroño (La Rioja), Virgen de la Luz (Cuenca), General Universitario Reina Sofía y Virgen de la Arrixaca, ambos de Murcia.

La organización denuncia que los cinco hospitales ceden los datos de los pacientes a entidades privadas. Después, los centros particulares se encargan de contactar a los afectados en su nombre -sin el consentimiento de estos- para ofrecerles sus servicios de manera más rápida y sin coste alguno para ellos (con cargo a la Seguridad Social).

Como respuesta a la denuncia de FACUA los gobiernos regionales de cada hospital han emitido un comunicado, donde reconocen la contratación de empresas privadas para la asistencia sanitaria a sus pacientes.

Por un lado, el Gobierno de la Rioja, quien habla en nombre del Hospital San Pedro de Logroño, considera que la denuncia de FACUA “carece de fundamento”.

Así, pues, dice que “la normativa nacional permite ceder datos a centros concertados sin el consentimiento del paciente para la prestación de asistencia sanitaria”. Además, señala que los pacientes derivados por el Sistema Público Riojano lo son a un centro con el que existe un contrato público y que está “obligado a respetar los términos de la Ley”.

Por otra parte, la Junta de Castilla la Mancha, encargada del Hospital Virgen de la Luz de Cuenca, reconoce que "de forma puntual, durante el último mes, para alguna de estas técnicas la clínica concertada ha citado directamente a los pacientes en lugar de hacerlo el servicio de Admisión del Hospital.

Dicho procedimiento no es el procedimiento adecuado aunque la Clínica Recoletas puede citar, como está recogido en el contrato suscrito" explica en el comunicado. Desde la portavocía aseguran que esta medida ha quedado desestimada y que "no volverá a suceder".

Como respuesta a esa medida "puntual" que se lleva realizando, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, desconoce desde cuándo llevan produciéndose tanto el traspaso de información a centros concertados así como las llamadas desde las clínicas en nombre de los facultativos médicos. "Queremos que la Agencia de Protección de Datos investigue para que se vea en cada caso si ha habido ilegalidad o no", apunta.

Por su parte el Servicio Murciano de Salud (SMS) ha respondido por los hospitales General Universitario Reina Sofía y Virgen de la Arrixaca. En el comunicado explican que "hay casos puntuales en los que se recurre a la prestación de asistencia sanitaria con medios ajenos", aunque dice no haber recibido ninguna notificación por parte de organización de consumidores.

Para ello reconoce tener conciertos con "centros concertados" que permitan garantizar un servicio "basado en principios como la calidad, los plazos la eficiencia y la sostenibilidad", y así “hacer frente” a las listas de espera. Con respecto a los datos cedidos  señala que "no se puede hablar de comunicación de datos a un tercero" ya que el acceso a los datos por el centro concertado "es necesario" para la prestación de un servicio.

Asimismo, el SMS se acoge a un informe emitido hace cinco años por la Agencia de Protección de Datos donde se especifica que  dichos centros concertados "desarrollan acciones asistenciales directamente con el sistema [sanitario Nacional de Salud] pudiendo incluso entenderse que las mismas constituyen, en cuanto sea objeto de concierto, servicios propios del mencionado Sistema".

Así, pues, el portavoz de FACUA pide que se investigue exactamente qué tipo de coyuntura se ha establecido entre los centros y si la cesión de datos ha sido por algo en concreto o es una práctica habitual. Con respecto a ceder los datos, Sánchez reclamar conocer si existe un protocolo a la hora de informar al paciente y si éste tiene la posibilidad de darse de baja en la base de datos en la que figurarían.

Hasta ahora y a raíz de las denuncias de la organización, el único órgano regional en recabar información está siendo la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, para aclarar lo sucedido en el Hospital de Fuenlabrada.