La Fiscalía de Madrid ha solicitado al juzgado de Instrucción número 51 de Madrid el procesamiento de 14 de los 24 imputados en el caso abierto por la muerte de cinco adolescentes en el pabellón municipal Madrid Arena el 1 de noviembre de 2012.

Entre las personas que serían llevadas a juicio están Miguel Ángel Flores, promotor de la fiesta durante la que sucedieron los hechos, y el personal médico y de seguridad que contrató para el evento, pero no los cargos públicos del Ayuntamiento de Madrid ni el personal de confianza de la alcaldesa Ana Botella.

José Javier Polo, fiscal superior provincial, y Manuel Moix, fiscal jefe, explicaron este lunes durante una comparecencia pública que su intención en sentar en el banquillo a todos aquellos que, teniendo responsabilidades directas y capacidad para tomar decisiones, "toleraron el riesgo" y "no hicieron nada" para evitar la avalancha humana que provocó el fallecimiento de Katia Esteban Casielles (18 años), Rocío Oña (18), Cristina Arce (18), Belén Langdon (17) y María Teresa Alonso (20).

Es por ello que solicitan al juez el sobreseimiento de las actuaciones contra José María Flores, hermano de Miguel Ángel y administrador de Diviertt, la empresa a través de la que organizaron la 'Thriller Music Park'; Antonio de Guindos, exconcejal de Seguridad que dimitió tras ser imputado; Fátima Núñez, entonces concejal delegada de Seguridad y Emergencias; y Alfonso del Álamo, director general de Emergencias y Protección Civil.

En esta terna incluyen a Emilio Monteagudo, inspector jefe de la Policía Municipal y responsable último del dispositivo. A pesar de que sus agentes no evitaron la celebración de un macrobotellón en los alrededores del recinto, Polo y Moix consideran que sus acciones u omisiones no crearon peligro, lo aumentaron o dejaron de neutralizar las negligencias cometidas por los acusados con el aforo del recinto, considerado el elemento clave.

Sin embargo, la Fiscalía recuerda que existe una pieza separada en la que se investiga si Monteagudo y varios de sus agentes falsificaron documentos oficiales para culpar a la oficial de zona (hoy relegada al servicio de Tráfico) de que en el Madrid Arena no hubiese policías suficientes.

En las 16 páginas del escrito que ha remitido al juez —y que firma la fiscal Ana Muñoz— el Ministerio Público considera acreditado que los 14 acusados reventaron la capacidad del Madrid Arena y violaron la normativa de seguridad, por lo que cabe imputarles cinco delitos de homicidio por imprudencia grave y nueve de lesiones. Las penas individuales podrían alcanzar los 20 años de prisión -4 como máximo por cada víctima-.

Al doctor Simón Viñals y a su hijo Carlos, que constituían el equipo sanitario, les acusa de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, que implicarían, además de la anterior, una sanción de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión, oficio o cargo por un período de tres a seis años por cada delito.

Por último, la Fiscalía pide que el Ayuntamiento de Madrid, la extinta empresa pública Madridec —como titular del Madrid Arena—, Diviertt-FSM Group y las contratas de seguridad y personal auxiliar Seguriber y Kontrol 34, respectivamente, sean declaradas responsables civiles subsidiarias. La decisión queda en manos del juez López-Palop, que está ultimando el borrador del auto para abrir juicio oral en la Audiencia Provincial, según un portavoz del Tribunal Superior de Justicia.

Miguel Ángel Flores > Según la Fiscalía, el "administrador de hecho" de Diviertt. Vendió 22.835 entradas, pese a que el aforo no debía superar las 10.620 personas. Actuó "movido por un claro ánimo de enriquecerse" y "con absoluto desprecio de las más elementales normas de cuidado".

Santiago Rojo > Director General de Diviertt. Pidió a Francisco del Amo (Madridec) que autorizase la apertura de las cristaleras del muelle de carga, destinadas a evacuación, para aumentar el aforo del recinto. La entrada en masa desembocó en la avalancha mortal.

Miguel A. Morcillo > Jefe de Personal de Diviertt. A las 3.09 horas abrió las puertas del muelle de carga por orden de su superior. Como Rojo y Del Amo, sabía que ello "suponía un grave riesgo para la seguridad del público", pero actuó "con evidente desprecio a las más elemental diligencia".

Rafael Pastor > Director del Departamento de Seguridad de Madridec. Perfiló con Flores -y junto a Del Amo- los detalles del alquiler y la seguridad del pabellón. Estuvo con Del Amo en el recinto hasta las 3.00 horas. Los dos toleraron que hubiera vomitorios cerrados en la pista del Madrid Arena, vulnerando el plan de autoprotección del recinto.

Francisco del Amo > Requirió a los vigilantes de Seguriber que aligerasen el registro de bolsos en la entrada para que los asistentes a la fiesta entrasen más rápido, lo que provocó que accediesen con bengalas o alcohol y facilitó la entrada a menores de edad. Llamó al jefe de Equipo de Seguriber para que diese la orden de abrir el portón de la cota 0.

José Ruiz Ayuso > Técnico de Operaciones de Madridec y Jefe de Emergencias para el evento. Máximo responsable del plan de autoprotección. "Realizó su trabajo con total falta de cuidado y con evidente desprecio a la más elemental diligencia para garantizar la seguridad del público. Detectó solo alguna de las innumerables anomalías, cuando la mayoría eran de fácil apreciación".

Juan José París Nalda y Raúl Monterde > Coordinadores jefe de Seguriber. Dejaron que los vomitorios de pista permaneciesen cerrados y permitieron la entrada indiscriminada de público. Desde las 2.20 hubo pequeñas avalanchas que no les empujaron a actuar, "faltando a las obligaciones impuestas por la Ley de Seguridad Privada".

José Antonio Díaz > Jefe de Equipo de Seguriber. Ordenó al vigilante Segundo E. Puche que abriese el portón de la cota 0, tal y como le había pedido Del Amo, a pesar de saber que "esa vía debía quedar expedita para una posible salida de emergencia".

Roberto Mateos > Vigilante de Seguriber. Responsable de la sala de cámaras. No sabía cómo funcionaba el sistema. No vio ninguna avalancha en el pasillo donde fallecieron las tres primeras víctimas porque "abandonó su puesto de forma injustificada" en dos ocasiones.

Carlos Manzanares y Emilio Belliard > Apoderado de Kontrol 34 y socio, respectivamente. Su obligación era controlar el aforo y la circulación entre espacios, así como avisar a la Policía en caso de incidente. También debían garantizar que los vomitorios para salir de la pista fueran accesibles, pero al menos seis estaban bloqueados. Incumplieron todas sus funciones.

Simón y Carlos Viñals > Eran el equipo médico. "En sus respectivas asistencias a Rocío Oña y Cristina Arce [...] realizaron insuficientes y deficientes compresiones torácicas y omitieron varias de las actuaciones indicadas para una reanimación [...] concurriendo así, con su acción y omisión, a la producción de los dos fallecimientos".

José María Flores > Administrador de Diviertt. Su hermano Miguel Ángel asumía por él todas las decisiones en la empresa.

José Luis Rodríguez Caamaño > Coordinador jefe del departamento de Seguridad de Madridec. "Estuvo presente hasta las 3.00h. Su superior jerárquico, Rafael Pastor, asumió las direcciones de dirección y control".

Jorge Rodrigo Domínguez y José Ángel Rivero > Director gerente y consejero delegado de Madridec, respectivamente. La Fiscalía considera que no tenían capacidad para gestionar los detalles relativos a la seguridad del evento, función que recaía en Pastor, Del Amo y Ayuso.

Iván Somontes > Coordinador de Servicios de Seguriber. Mando intermedio entre Madridec y Seguriber. Elaboró el plan de vigilancia de la fiesta, pero no estuvo presente. Pastor, Caamaño, Monterde y Nalda asumieron sus funciones.

Segundo E. Puche > Vigilante de Seguriber. Custodiaba el portón de la cota 0. Lo abrió cumpliendo órdenes de su superior José Antonio Díaz, por lo que no se le achaca responsabilidad.

Antonio de Guindos, Fátima Núñez, Alfonso del Álamo y Emilio Monteagudo > La Fiscalía exonera al concejal de Medio Ambiente, Movilidad y Seguridad, a la concejal de Seguridad y Emergencias, al director general de Emergencias y al jefe de Policía al valorar que su conducta no incidió en la formación de la avalancha mortal. La fiscalía tampoco apunta al vicealcalde Miguel Ángel Villanueva, cesado por la alcaldesa por ser amigo personal de Miguel Ángel Flores, ni a Pedro Calvo, exedil de Economía y en ese momento responsable de Madridec, que dejó el cargo antes de ser imputado.