Vilà lamenta que Barcelona no se adelantara y compensara la plusvalía de forma retroactiva

La Síndica de Greuges (la defensora del pueblo) de Barcelona, Assumpció Vilà, celebra que el Gobierno central haya aprobado un decreto ley para eximir del pago de la plusvalía a las personas que han perdido la vivienda al acogerse a la dación en pago. La exención tiene efectos retroactivos para los impuestos no prescritos, es decir, los últimos cuatro años. Por eso, Vilà lamenta que el Ayuntamiento de Barcelona desoyera sus recomendaciones en enero de 2013.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el 5 de julio el real decreto ley que exime del pago de este impuesto para las transmisiones realizadas con ocasión de la dación en pago de la vivienda habitual, y es de obligado cumplimiento desde el 1 de enero de 2014 y con efectos retroactivos. Vilà cree que los consistorio deberán devolver las plusvalías que se hayan cobrado durante los últimos cuatro años y que cumplen las condiciones de la nueva ley.

El consistorio barcelonés aprobró el 5 de diciembre de 2012 de perdonar la plusvalía a las personas que hubieran perdido la vivienda, ya fuera por dación en pago o por ejecución hipotecaria, y hacerse cargo del impuesto por por la vía de la compensación. La Síndica de Greuges recomendó días después que el acuerdo municipal fuera retroactivo y beneficiara a los vecinos que habían perdido su hogar en los cuatro años anteriores, pues el pago del tributo no había prescrito.

Tras la aprobación del decreto ley del Gobierno, Vilà envió una carta al alcalde de la ciudad, Xavier Trias, en la que recuerda que la ley prevé los mismos efectos retroactivos que le planteó y que hubiera beneficiado a los barceloneses que han perdido la vivienda en los últimos años. La misiva todavía no ha obtenido respuesta.

Vilà formuló la recomendación tras estudiar el caso de una barcelonesa a la que se le reclamaban 3.100 euros de plusvalía e intereses tras entregar su vivienda al banco para saldar la hipoteca. La Síndica consideró que el cobro de este impuesto a personas que han perdido la vivienda por impago de la deuda hipotecaria o por dación en pago podría ser inconstitucional al no cumplirse el principio de contribución a la hacienda pública en función de la capacidad económica. Por eso, transmitió sus conclusiones a la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, para que  valorara la posibilidad de plantear un recurso de inconstitucionalidad.

La plusvalía, que graba el incremento del valor de los terrenos urbanos tras una transmisión, es un impuesto regulado en la Ley estatal de haciendas locales, por lo que es competencia del Estado establecer los supuestos de no-sujeción y exención del impuesto. El problema es que el cálculo del valor del terreno es automático, sin tener en cuenta las oscilaciones reales del mercado. Los ayuntamientos calculan el importe aplicando un porcentaje determinado que no puede exceder de los límites que fija la ley y en tramos de cinco años hasta un máximo de veinte años.

Para Vilà, este automatismo en la aplicación y el cálculo del impuesto podría resultar contrario a los principios inspiradores que prevé la Constitución y que establecen que el esfuerzo debe ser justo y ajustado a la capacidad económica del contribuyente, igualitario y progresivo. Al no ser así, se dan "situaciones claramente injustas".