El Gobierno ve prioritario para la seguridad nacional el combate contra el terrorismo yihadista "en todas sus dimensiones" y alerta de los riesgos de que regresen a España terroristas que se hayan formado en Siria o Mali.

El director del Gabinete de Presidencia del Gobierno, Jorge Moragas, que ha presentado ante la Comisión Constitucional del Congreso el informe anual de seguridad nacional 2013, ha asegurado que el terrorismo yihadista "continúa siendo una de las principales amenazas" de la seguridad nacional.

"Combatirlo en todas sus dimensiones es y seguirá siendo una de las principales prioridades del Gobierno", ha aseverado Moragas.

Ha explicado que hay unos 5.000 combatientes extranjeros en territorio sirio, de los que entre 450 y 700 tendrían pasaporte europeo.

El número de españoles "no se conoce con exactitud", ha continuado Moragas, debido precisamente a la ilegalidad de sus desplazamientos, pero podría ser "de varias decenas".

El riesgo, ha indicado, se centra en el retorno "de estos individuos", una vez "alcanzados los conocimientos técnicos y el nivel de radicalización necesarios" y la posibilidad de que puedan atentar en territorio español.

Dos de ellos, ha recordado, fueron detenidos por las fuerzas de seguridad, que además desarticularon varias células de captación de terroristas, apresando a 28 personas.

El informe incide precisamente en las operaciones que, en 2013, se dirigieron contra los mecanismos de captación y financiación de organizaciones terroristas, así como el desarrollo de un plan estratégico de lucha contra la radicalización violenta.

Moragas ha destacado el incremento "significativo" de las detenciones en la lucha antiterrorista -90 en 2013 frente a 28 en 2012- así como el descenso en la actividad terrorista.

El informe -primer "retrato vivo" de la seguridad nacional "en un marco temporal concreto", 2013, tal y como ha señalado Moragas- repasa las actuaciones desarrolladas desde la puesta en marcha, hace un año, del Consejo de Seguridad Nacional.

Es además, fruto del "esfuerzo de transparencia" del Gobierno, según Moragas, que ha pedido disculpas a los grupos por haberles remitido este lunes mismo el informe.

El informe constata que ETA se encuentra muy debilitada, así como el cese de la actividad terrorista que "parece firme, sin contestación interna ni riesgo de escisión a corto plazo".

Sin embargo, señala que ETA "no tiene intención de disolverse, sino que intentará potenciar su aparato político y mantener neutralizado el militar", una afirmación a la que se ha referido el portavoz del PNV en la comisión, Emilio Olabarria, quien ha asegurado que el informe "está preñado de valoraciones políticas, redactadas con manifiesta confusión político ideológica".

Así, ha preguntado a qué se refiere el Ejecutivo con el "aparato político de ETA", si son "partidos legalizados" por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo que se situaban "bajo aquél aforismo perverso de que 'todo era ETA'" o es que "ETA misma se intenta transmutar y convertir en un agente político".

"Es exigible en un documento de seguridad y particularmente en este, mayores precisiones lingüísticas, pero sobre todo, ideológicas", ha concluido el portavoz del PNV.

Rafael Larreina, de Amaiur ha criticado que el informe no recoja que ETA haya "decidido dejarlo definitivamente" y lo haya "hecho público", así como el hecho de que el texto se refiera a la actividad violenta "del independentismo radical vasco" y de "grupos afines a la actividad abertzale".

Larreina ha instado al Ejecutivo a "esforzarse" en hablar más con las fuerzas políticas abertzales para conseguir que ETA "forme parte del pasado cuanto antes".

En su respuesta a los grupos, el director del Gabinete de Presidencia ha reiterado que el Ejecutivo siempre ha dicho, y así figura en el primer informe de seguridad nacional, que ha sido el Estado de derecho el que ha derrotado ETA.

"ETA lo que tiene que hacer es disolverse y ponerse a disposición de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de la Justicia", ha subrayado Jorge Moragas.

Entre sus puntos más destacados, Moragas ha hecho hincapié en la amenaza de los ciberataques, la del crimen organizado o la de la presión migratoria en los países que, como España, son frontera sur de Europa.

Ha asegurado que España defiende que la Unión Europea "actúe con responsabilidad y solidaridad, tanto política como financieramente" hacia estos países, lo que no impide la "importante labor" humanitaria de acogida de los inmigrantes que hace España.

El informe revela que en 2013 se redujo en un 15 % la llegada de inmigrantes a las costas españoles, pero aumentó en un 48 % el número de inmigrantes que llegaron por la frontera terrestre a Ceuta y Melilla.

La inmigración, ha reconocido Moragas, "es un problema ético y humanitario de la máxima consideración para todos".

Los portavoces de PSOE y CiU, José Enrique Serrano y Joan Guillaumes, han elogiado el contenido del informe y, mientras que el segundo ha alertado de la radicalización de imanes en oratorios y mezquitas, el primero lo ha hecho sobre la necesidad de actuar contra el incremento de grupos de extrema derecha.

Moragas ha aludido a la puesta en marcha por parte del Ministerio del Interior de un plan "contra la radicalización violenta, de cualquier ideología", y ha explicado que el informe menciona el riesgo de grupos de ideologías extremas y, en concreto, anarquistas, debido a que su presencia "se ha podido constatar" en disturbios durante manifestaciones en 2013.