Miles de personas se han concentrado este miércoles ante delegaciones y subdelegaciones de Gobierno de toda España para reclamar a los poderes públicos el derecho de huelga y mostrar su apoyo a los casi 300 trabajadores y sindicalistas encausados para los que el Ministerio Fiscal pide en conjunto 120 años de cárcel.

En nota de prensa conjunta CC OO y UGT han informado de que habían entregado un escrito en las delegaciones y subdelegaciones de Gobierno en el que denunciaban la existencia de 81 procedimientos abiertos y casi 300 sindicalistas inmersos en procesos penales o administrativos, en su mayor parte relacionados con las jornadas de huelga general de los años 2010 y 2012.

Las concentraciones forman parte de la campaña ¡No nos callarán! con la que los sindicatos quieren denunciar la ofensiva penal contra el derecho de huelga y los sindicatos.

Para los sindicatos, en el ámbito penal, la mayor gravedad de la acusación tiene lugar cuando se imputa la comisión de delito de coacciones a la huelga.

En algunos casos, han dicho, se ha constatado que las peticiones de la Fiscalía exceden notablemente la pena mínima. En este sentido, han recordado que en el caso de Airbus se piden ocho años de prisión para cada uno de los ocho sindicalistas imputados.

Las dos organizciones sindicales han subrayado que las acusaciones penales constituyen una injerencia de los poderes públicos en el funcionamiento de las organizaciones sindicales y una restricción ilegítima de derechos democráticos y, en concreto, del derecho de huelga.

Esta semana, los secretarios generales de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, se han reunido con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón y el presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, para expresarles su inquietud por las actuaciones penales "desproporcionadas e injustificadas".

Tras este encuentro, Ruiz Gallardón se comprometió a estudiar la petición de indulto para seis sindicalistas cuyo ingreso en prisión era inminente.