El Tribunal Supremo ha requerido, en una providencia a la Audiencia Provincial de A Coruña para que proceda a la localización de la aseguradora del Prestige, con el fin de notificarle la sentencia condenatoria de esta entidad.

El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra Ruiz, ha enviado una providencia a la Audiencia de A Coruña con fecha 2 de julio en la que indica que no consta la notificación de la sentencia del Prestige, hecha pública en noviembre de 2013, ni el emplazamiento ante dicha Sala de la entidad aseguradora The London Steamship Owners Mutual Insurance Association LTD (The London TSI), antes llamada London P&I Club.

"Constando en varios de los escritos de formalización presentados la solicitud de condena a la mencionada entidad aseguradora, requiérase a la Audiencia Provincial de A Coruña, Sección Primera, para que proceda a su notificación y emplazamiento", añade la providencia, a la que ha tenido acceso Efe.

La asociación ecologista Arco Iris ha presentado en el Tribunal Supremo el recurso de casación a la sentencia del Prestige al argumentar que la lesión jurídica que produjeron aquellos hechos es de "máxima gravedad" entre los delitos contra el medioambiente y supone "la gran catástrofe ecológica de este siglo".

Así lo argumenta Arco Iris en el recurso que ha presentado al Supremo, y en el que sostiene que bajo el punto de vista de todo el movimiento ecologista verter residuos nucleares a la fosa atlántica, productos químicos y material inorgánico a los mares, es un "delito de lesa humanidad".

Otras diecisiete partes han recurrido la sentencia en la Audiencia de A Coruña antes de formalizar el trámite en el Supremo, que por el momento ha realizado además la Xunta de Galicia.

El tribunal del Prestige emitió el pasado noviembre la sentencia tras diez años de instrucción y nueve meses de juicio oral.

Absolvió al exdirector general de la Marina Mercante José Luis López Sors, al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos, y al capitán del barco, Apostolos Mangouras, de los delitos contra el medio ambiente, y condenó a este último a nueve meses de prisión por desobediencia.

El fallo exime además al Estado de sufragar los gastos por los daños originados y supone que los españoles, especialmente los gallegos, no puedan resarcirse de unos daños morales que la Fiscalía valora en 1.212 millones de euros, del total de pérdidas provocadas por el hundimiento del petrolero, que se cifraron en 4.328 millones.