La destrucción de empleo desencadenada por la crisis económica lleva ya varios años poniendo contra las cuerdas a la Seguridad Social y a su Fondo de Reserva, el vehículo de ahorro creado para proteger las pensiones futuras. La caída en el número de trabajadores afiliados —España ha pasado de casi 19 millones en 2007 a poco más de 16 millones a inicios de año— unido al aumento de las jubilaciones (crecieron un 71% entre 2007 y 2013) han provocado que el sistema público de protección lleve años registrando un déficit de más de 10.000 millones de euros anuales.

Desde el año 2007, cuando se alcanzó el nivel más alto en la relación entre afiliados y beneficiarios del sistema público, la relación ha pasado de 2,71 asalariados/pensionista a apenas 2,26. Es un descenso del 16% en siete años. En este periodo el número de jubilados se ha incrementado en casi 800.000 personas (hay ya más de 8,3 millones de pensionistas), lo que ha disparado el coste de la factura de las pensiones: La Seguridad Social destinó en junio más de 8.000 millones de euros para pagar las contributivas, un 3% más que en junio de 2013.

La persistencia en el tiempo de este déficit en la Seguridad Social condujo a que el Gobierno, en 2012, echara mano por primera vez del Fondo de Reserva de las pensiones, práctica que ha venido repitiendo cuando ha hecho falta pagar las pagas extra. Era esta alternativa o aumentar el endeudamiento público. Así, en total se han retirado más de 23.000 millones de euros —los últimos 5.000 millones, en junio— a los que hay que sumar alrededor de 5.000 millones más procedentes del Fondo de prevención y rehabilitación de las mutuas. Ahora, la llamada hucha de las pensiones cuenta con algo menos de 50.000 millones de euros.

La situación del empleo ha experimentado un cambio de tendencia (56.000 cotizantes más en junio) y en el último año la afiliación media se ha incrementado un 0,95%, lo que rompe con seis años de caídas consecutivas (ver cuadro inferior). Pero este incremento de la actividad, aunque en teoría debería mejorar las perspectivas de ingresos de la Seguridad Social, en realidad no ha supuesto ningún aumento de la recaudación. "Los ingresos son menores que el año pasado, y a este paso acabaremos el año con un déficit de 15.000 millones de euros", advierte Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social entre 2004 y 2011.

¿Por qué si hay más empleo y más afiliados no aumenta la recaudación? La causa está en el tipo de empleo que se está creando. "Los nuevos afiliados son asalariados con jornadas muy exiguas. Los contratos precarios hacen que los ingresos sean mínimos. Además, medidas como la nueva tarifa plana para los contratos indefinidos están siendo sufragados por la Seguridad Social, y esto está provocando que se estén perdonando muchas cuotas que en otra circunstancia pagarían", recalca el profesor Granado. Precisamente el mes pasado, las personas con empleo indefinido dejaron de ser mayoritarias, en favor de los empleados temporales.

Los datos publicados este pasado martes por el Ministerio de Empleo apoyan esta opinión: Sólo en junio se firmaron más de un millón y medio de contratos, de los que poco más de 110.000 eran indefinidos. En cuanto al resto, de todos los temporales (1.408.615) más de dos tercios fueron por obra y servicio (578.048) o eventuales (674.383). Todo aumento de la afiliación es positivo, aunque "con este tipo de contratos, y con la progresiva sustitución de salarios más altos por otros más bajos, las bases de cotización social siguen descendiendo", explica Miguel Ángel García Díaz, economista y miembro de la comisión de expertos para la reforma de las pensiones.

"Como los ingresos son insuficientes se ha recurrido al Fondo de Reserva, lo cual es lógico. Está cumpliendo la labor para la que fue creado: cubrir los desfases entre ingresos y gastos con los recursos acumulados en la etapa expansiva previa", añade el profesor García Díaz, quien a su vez recuerda que el gasto anual en pensiones seguirá creciendo, como mínimo, a una tasa del 3% durante al menos la próxima década, lo que plantea un desafío a la sostenibilidad del sistema. Y es que las proyecciones muestran que hasta el año 2025 se irán jubilando los pertenecientes a la generación del baby boom (la más numerosa). "Por ahora el déficit se está pagando con el Fondo, pero así no se puede sostener, y su viabilidad dependerá de un ajuste del gasto y de buscar mayores ingresos", advierte.

No solo es que habrá más pensionistas (su número crecerá al 1% anual, de media), sino que hay que contar con un incremento mínimo de las prestaciones de un 0,25%, al que se sumará una tasa de sustitución del 1,75% cada año (los nuevos pensionistas cobran más que aquellos que fallecen, lo que eleva el gasto). De ahí el 3% de aumento anual. Ante este panorama, y en opinión de García Díaz, "aunque se creara mucho empleo no se podría compensar un déficit de 10.000 millones".

En opinión del antiguo responsable del Gabinete Económico de CC OO, para incrementar los ingresos y reducir la presión sobre el Fondo de Reserva "se podría recurrir a la imposición general". Es decir, que sean todos los contribuyentes, y no solo los cotizantes, los que sostengan el sistema de protección público. Es algo que ya se hace en otros países del entorno y que, al menos en parte, también se practica aquí: "Los complementos por mínimos [unos 7.600 millones este año] desde hace tiempo se pagan a través del Estado", puntualiza García Díaz.

Por su parte, Octavio Granado apuesta por buscar otros ingresos: "¿Por qué no usamos las reservas de las mutuas, cuyos gastos están cayendo? Son el 10% del sistema", asegura. En su opinión, otra vía por explorar es la de incluir a nuevos cotizantes, aun a costa de la financiación general. "Hace un tiempo prescindimos de los cuidadores de la dependencia porque el Estado no quería pagar, por lo que se perdieron muchos cotizantes. Eso es pan para hoy y hambre para mañana", concluye.