El juzgado de instrucción número 1 de El Vendrell ha dejado ya en libertad con cargos a siete de los ocho detenidos el jueves en Torredembarra (Tarragona), acusados de un delito contra la administración pública, vinculado al blanqueo de capitales, en una macrooperación de la Guardia Civil.

La última ha sido la primera teniente de alcalde del Ayuntamiento de Torredembarra, Paqui Felguera (CiU). El juez también ha dejado en libertad este viernes por la tarde al empresario Blas Niubó, propietario del restaurante Tropik, donde solían almorzar los políticos de La Torre.

El resto de detenidos que ya han quedado en libertad con cargos son los concejales Èlia Rodríguez y Santiago Ardèvol, ambos de CiU, el edil del PP José Oviedo, el independiente Ignasi Duran (GIT) y el concejal de Cultura Pere Font, también de CiU, que se ha negado a declarar, según fuentes cercanas al caso.

El último en declarar fue el alcalde, Daniel Massegué (CiU), quien asistió este jueves a 14 horas de registro en el Ayuntamiento, con especial atención a las áreas de alcaldía, tesorería, intervención y contratación. Masagué salió cerca de la medianoche, en medio de un grupo de unos 200 vecinos que le increparon con gritos de "chorizo, chorizo".

Tras interrogarle, el juez ha decretado su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza por un delito contra la administración pública. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Posteriormente, asistió al registro de su empresa y al finalizar, ya muy entrada la madrugada, los agentes le trasladaron a la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona, donde permanece a la espera de pasar a disposición judicial. Pese a que a los vecinos no les ha cogido por sorpresa las detenciones, como resultado del cúmulo de denuncias que afronta el Ayuntamiento por varias presuntas irregularidades de contratación, sí que conmocionó la contundencia de la operación y el amplio despliegue de medios de comunicación.

El juez tiene encima de su mesa la denuncia interpuesta por el secretario municipal ante la Oficina Antifraude por la contratación por unos 18.000 euros mensuales de la consultora externa Efial, especializada en administración local y que también investigan los juzgados de Gandesa y de Tortosa por otras presuntas irregularidades en Ascó y L'Ametlla de Mar (Tarragona).

También los grupos municipales de ERC y del PSC, en la oposición, presentaron varias denuncias -la junta de gobierno ha recibido una treintena- por presuntas irregularidades en la contrata del servicio de agua para supuestamente favorecer a la empresa Sorea; por el sobrecoste de la construcción del aparcamiento de Filadors -la Guardia Civil registró ayer la sede de la constructora Teyco en Barcelona- y por el gasto de dinero público en varios alquileres a precios por encima de los del mercado.

Fuentes municipales han explicado que "el alcalde iba a la suya, si había informes en contra, recurría a los informes de la consultora privada: se hizo un Ayuntamiento paralelo a su medida y se veía venir que acabaría mal". Que se sepa, los delitos que afrontan los detenidos son uno genérico contra la administración, vinculado a otro de blanqueo de capitales y que, según los casos, irían acumulando otros indicios delictivos, según fuentes de la investigación.

Como quiera que el equipo de gobierno lo integran 9 concejales -6 de CiU, dos del PP y uno del Grup d'Independents de Torredembarra (GIT)-, y que solamente dos regidoras no han sido detenidas -Núria Gómez (PP) y Rosa Maria Guasch (CiU)-, está por ver cómo funcionará ahora el consistorio y la postura de la oposición -3 regidores del PSC, dos de ERC, dos de Alternativa Baix Gaià y uno de Associació Democràtica Torrenca (ADT)- para evitar la paralización municipal a las puertas de la temporada turística estival.